Giro a la derecha
El directivo asegura en un comunicado interno que esclarecerá todos los hechos
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El actual presidente del BBVA, Carlos Torres, ha confirmado por vía interna que efectivamente contrató los servicios del comisario de Policía José Manuel Villarejo para hacer labores de detective. Sin embargo, sostiene que hasta ahora no se han encontrado pruebas de que el banco le encargara realizar un espionaje masivo a empresarios, políticos y periodistas para obtener información privilegiada.
“Efectivamente el Grupo Cenyt –empresa de Villarejo– prestó servicios diversos al banco, pero no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas a la que se refieren las noticias publicadas en los medios de comunicación desde el 9 de enero”, reconoce Torres en una carta interna. Uno de los problemas que se va a encontrar el banco, y principalmente su anterior presidente, Francisco González, es que se han contratado los servicios de un comisario de Policía en activo, a sabiendas de ello, para obtener información reservada y privilegiada.
El primer ejecutivo del banco ha explicado que ya se inició una investigación interna sobre el contrato a Villarejo en junio del 2018 con las primeras informaciones al respecto. “Podéis estar seguros de que mi prioridad es esclarecer los hechos y actuar con la contundencia necesaria para resolver esta situación”, asevera. Y añade: “De ser ciertas, se trataría de conductas indudablemente muy graves, deplorables, diametralmente opuestas a lo que somos y a lo que todos nosotros representamos, y, en definitiva, a los valores de BBVA que nos mueven día a día”, apunta.
Por hechos similares, la Fiscalía Anticorrupción y la unidad de asuntos internos de la Policía han procedido a la detención de varios clientes de Villarejo, quienes eran conscientes de que estaban contratando los servicios de un funcionario público para que les aportara información confidencial.
Villarejo habría actuado para el BBVA, según se desprende de las informaciones publicadas por los diarios digitales Moncloa.com y El Confidencial, de manera similar que para otros clientes suyos, como sería el despacho de abogados Herrero y Asociados, la dueña de la urbanización de lujo La Finca, Susana García Cereceda, o el empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana. Tal y como se desprende de la causa por la que Villarejo se encuentra en prisión desde noviembre del 2017, conocida como caso Tándem, este excomisario habría vendido información a clientes por altas sumas de dinero. En algunos casos, por un informe, como el que hizo sobre la familia Obiang de Guinea Ecuatorial, llegó a cobrar 5 millones de euros.
Villarejo utilizaba su red de información y de comisarios de la Policía, colocados en puestos clave, para obtener información sobre cuentas corrientes, tráfico de llamadas y otro tipo de datos reservados y confidenciales. Por este trabajo, estos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, como es el caso de los comisarios Enrique García Castaño o Carlos Salamanca, entre otros, habrían recibido diversas cantidades de dinero, tal y como sostienen los investigadores.
En el caso de los trabajos al BBVA, el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, todavía no tiene judicializada ninguna pieza, según afirman fuentes jurídicas. No obstante, en los registros realizados en los domicilios de Villarejo tras su detención aparecieron grabaciones y documentación sobre estos hechos que deben ser analizadas por los investigadores.
Según fuentes próximas al caso, las nuevas filtraciones sobre los trabajos al BBVA son otro intento por parte del entorno de Villarejo de tratar de presionar para conseguir su libertad, una vez que todos sus intentos por la vía judicial han sido infructuosos. En paralelo a estas nuevas filtraciones, el excomisario, en prisión por presuntamente liderar una organización criminal, remitía una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que amenaza con dar a conocer operaciones secretas del Estado llevadas a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Carlos Torres señala que la entidad inició el pasado junio una investigación interna sobre el excomisario