La normativa de Costas pone en peligro 10 clubs náuticos de playa
El reglamento establece que las instalaciones costeras no pueden sobrepasar los 300 m2
Una escrupulosa interpretación del reglamento general de Costas del Estado, sobre instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado, pone en peligro la continuidad de un gran número de instalaciones deportivas del litoral barcelonés una vez que ha caducado la concesión que disponían desde hace más de treinta años. Unos diez clubs náuticos no tienen garantías para mantener su actividad.
Para adaptarse a la nueva normativa y renovar la concesión para los próximos cuarenta años, los clubs náuticos de playa están obligados a cumplir lo que determina la legislación vigente, que este caso establece la obligación de no exceder los 300 m2, sin tener en cuenta la superficie ocupada por la zona de varada, más otros 300 m² de construcciones dedicadas a la expedición de coralitat, midas, bar, club social, etcétera. La mayoría sobrepasan ese límite.
Del total de 70 clubs náuticos federados, 34 se consideran instalaciones de playa, ya sea en el dominio público marítimo-terrestre o bien en ámbitos de playa calificados como de adscripción portuaria. El resto (36) corresponde a centros ubicados en instalaciones portuarias. Una decena de estas instalaciones, como ya sucedió en primera instancia con el Club Náutico de Cabrera de Mar, con 52 años de existencia, están abocados al cierre .
Las entidades que, según fuentes de la Generalitat, tienen una situación más compleja y que tienen pocas probabilidades de sobrevivir al no cumplir los requisitos establecidos, son las de Calella, los dos clubs de Castelldefels, el de Torredembarra, el de Cubelles, el de Vilassar de Mar, el de Cabrera y el de Badalona. Otros dos, el de Sant Pol y el del Masnou, se encuentran en adscripción portuaria por lo que no están sujetos a la normativa de Costas. Todos ellos disponen de un exceso de techo de difícil regularización.
Según Agustí Serra, secretario de Hábitat Urbà i Territori de la Gene- que antes había sido director general de Urbanisme, detalla que el futuro de estas entidades dependerá de si la estrategia para concesionar pasa por adaptar “los metros cuadrados a la singularidad de cada club”, un extremo que la Generalitat negocia con el Estado para evitar la clausura y el posterior derribo de las instalaciones costeras.
A Serra le sorprende que “esta problemática no se dé en el resto de la costa española” y, por la respuesta que recibe del Gobierno central, presupone que “estas instalaciones son propias del litoral catalán”. La mayoría son entidades muy antiguas que “han crecido con el tiempo” con piscinas, restaurantes y otras dependencias. “El problema, ahora es que para poder otorgar las nuevas concesiones se deben ceñir a la ley”, admite Serra.
Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, como ahora se denomina el antiguo Ministerio de Medio Ambiente, insisten en recordar que “la Generalitat otorga las concesiones” basándose en la ley de Costas y que el Estado es quien decide si procede o no demoler la instalación. Este es el caso de la comarca del Maresme, que desde Madrid considera “de especial protección” por la erosión de los temporales. Por este motivo, estudiará con detalle cada expediente y “las prórrogas que presenten los clubs después de 30 años de concesión”, cuya renovación debían solicitar antes del 31 de julio del 2018.
En los últimos años, según el secretario general, la Generalitat ha estado negociando con el ministerio. Aunque el Govern dispone desde el 2008 de la competencia para
DISPUTA COMPETENCIAL El ministerio insiste en que es la Generalitat la que otorga las concesiones
FLEXIBILIDAD La Conselleria de Territori negocia una interpretación más laxa del reglamento
otorgar concesiones, estas fueron negociadas sólo parcialmente, ya que “somos los gestores y podemos otorgar concesiones pero el informe final vinculante lo hace el ministerio”, apunta la Generalitat.
Pese a lo dramático de la situación legal de los clubs náuticos de playa, los servicios jurídicos de la Generalitat ven un atisbo de esperanza en la legislación. Los abogados catalanes estiman que, cuando se establece una instalación de 300 metros en un espacio intermedio por cada 150 metros de playa entre sí, se podría aplicar cierta permisividad y acumular hasta 300 m² más de instalaciones. “El caso –señala Serra– es que en la actualidad las negociaciones están encalladas”.
La tensión es evidente en los centros náuticos de playa que ven peligrar su existencia, por lo que el Gobierno catalán espera que el ministerio acepte esta nueva línea de regulación “que permitiría salvar alguno de ellos”. Otros, como el de Sitges, según cita textualmente Agustí Serra, “difícilmente lo podremos salvar porque tiene una sentencia firme de derribo”. Así, por ejemplo, desde el 2004 el Club Marítim Cubelles está en negociaciones con la Generalitat y la Demarcación de Costas para obtener una nueva concesión. En el transcurso de estos años se han realizado tres proyectos y modificaciones con sus correspondientes adendas, “siempre adaptándonos a los criterios que nos han ido marcando estas instituciones durante estos años”, según su presidente, Jordi Arànega, por lo que disponen de un total de 600 m². El Club Marítimo Cubelles, según su presidente, cumple actualmente con el reglamento ya que tiene un total de 603,6 m² de construcción. En consecuencia, dice que “en nuestro caso, y por las informaciones que nos han comentado las instituciones, nuestro club no peligra”.
En Catalunya los clubs de playa se agrupan en seis tipologías distintas. Once de los 34 existentes están regularizados y mantienen su sede social en zona de servitud de protección y la zona de varada en servicio de temporada. Otros dos están tutelados por la subdirección general de Ports porque se encuentran en dominio portuario. Diez instalaciones, por su dimensión, deben ajustarse a la ley de Costas. Y finalmente hay clubs náuticos con embarcaciones de vela y motor que presentan ocupaciones importantes, habitualmente con restaurante, y que llegan a privatizar el espacio costero.