Presión independentista sobre Sánchez

EL independentismo ha decidido aumentar la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. ERC anunció ayer que hoy presentaría una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Estado impulsados por los socialistas. El PDECat no quiso ser menos y comunicó su intención de presentar otra enmienda a la totalidad, sin precisar la fecha.

El motivo que esgrimen ambas formaciones para justificar sus respectivas enmiendas es parecido. Recuerdan que el Gobierno no ha atendido su petición para que inste a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a retirar los cargos contra los políticos independentistas encausados por vulnerar la ley, frenando lo que denominan la “ola represiva”, en referencia a la causa judicial contra los políticos procesados. Y que tampoco ha propiciado la convocatoria de una mesa de negociación política bilateral entre el Estado y la Generalitat. Las dos principales fuerzas soberanistas dejan, eso sí, una puerta abierta, y dicen que podrían retirar las enmiendas a la totalidad si llegara una respuesta satisfactoria del Gobierno antes del día 12, cuando está previsto que empiece el debate parlamentario de las cuentas, coincidiendo por cierto con el inicio del juicio del Supremo contra los presos independentistas. Pero si para esa fecha no se ha producido el movimiento esperado –y, a juzgar por lo que ya han adelantado portavoces gubernamentales, quizás no quepa esperar mucho más que concesiones menores– el proyecto de presupuestos de Sánchez podría sufrir un serio revés. Quizás un revés definitivo. Porque podría ser que la retirada del apoyo independentista, sumado al rechazo ya expresado por las fuerzas conservadoras, forzara a Sánchez a convocar elecciones anticipadas, pese a su conocida voluntad de agotar la actual legislatura, que expira en el 2020.

El ultimátum de los soberanistas es arriesgado. Saben bien que el margen de maniobra del Gobierno encabezado por Sánchez es estrecho. Y que sería nulo si unas hipotéticas elecciones anticipadas acabaran desalojando a los socialistas del poder para otorgárselo a la derecha. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han explicitado ya su intención de no hacer la menor concesión a los independentistas; es más: de activar en Catalunya de modo indefinido el artículo 155 de la Constitución, con lo que las competencias autonómicas de la Generalitat quedarían en suspenso. Siguiendo en el terreno de las hipótesis, la situación podría ser en tal caso mucho peor para los independentistas que la presente, hasta ahora marcada por el diálogo entre el Estado y la Generalitat. Salvo, claro está, para quienes creen que “cuanto peor, mejor” porque cifran las esperanzas de alcanzar una Catalunya independiente en el agravamiento del conflicto, en la rotura de puentes, en una polarización extrema y quién sabe si en algo peor.

Hace ya tiempo que Catalunya vive asomada al abismo. La división de la sociedad es un hecho. Las posiciones parecen irreconciliables. Este rumbo no lleva a buen puerto. Hemos dicho a menudo que el porcentaje de votos independentistas no constituye un aval suficiente para la segregación, y que ninguna solución impuesta, venga de donde venga, llevará lejos. Tanto si es táctico como si no lo es, el ultimátum formulado por ERC y PDECat no mejora la coyuntura. Por el contrario, podría ser la antesala de otros, procedentes de uno u otro bando, que quizás enardezcan a los fieles, pero siguen dejando de lado a esa mayoría real de catalanes que desea una solución negociada del conflicto.