Un juicio infinito

El juicio que comenzará en el Tribunal Supremo dentro de una semana empezó en realidad mucho antes –incluso antes del 1-O–, y se prolongará en el tiempo y en el espacio más allá del momento de la sentencia y de su alcance penal. Las tres acusaciones que se personarán –la abogacía del Estado, la Fiscalía y la particular de Vox– representan un abanico de posiciones que comenzaron a aflorar desde el momento en que el independentismo interpeló directamente al Estado constitucional en torno a la Diada del 2012. Pero fuera del Tribunal Supremo serán muchas más las imputaciones que resuenen contra todo lo que representan o pudieran representar los acusados. El juicio dio inicio, sin duda, cuando los encausados fueron enviados a la cárcel, después de que algunos de sus compañeros de gobierno optaran por huir fuera del país. A todos ellos, y a quienes les muestran su más efusiva solidaridad, no les falta razón cuando advierten que se trata de un proceso contra el independentismo.

Porque el independentismo se sabe juzgado, no ya por los demás; también por sí mismo. Sin que sepa cómo responder a las acusaciones que pesan sobre su proceder.

Es dudoso que exista una estrategia de defensa en el caso, entendida como tal, dirigida a obtener el veredicto más próximo a la absolución de los acusados. No la ha habido desde que se abrió el procedimiento, porque más allá de algunas cautelas en la exposición pública del parecer de los investigados, la vindicación de los actos juzgados ha primado sobre su consideración como conductas a resguardo de cualquier reproche penal. Como si la acusación de rebelión realzara la autenticidad de los propósitos independentistas, y no fuera una losa que debieran quitarse de encima cuanto antes. En ese sentido, el permanente solapamiento entre la posición de los encarcelados, la de los huidos y la de los dirigentes que se han sucedido en el uso libre de la palabra impide percibir que haya realmente una estrategia de defensa. Una estrategia orientada a rebajar en lo posible las peticiones, a explotar las diferencias entre la Fiscalía y Vox, siquiera a cargarse de argumentos para cuando la causa pueda ser vista por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo lo contrario, se ha impuesto una inercia sacrificial.

Por momentos parecía que, si no los propios acusados, el independentismo había llegado a la conclusión de que la mejor defensa era un ataque. Incluso que el ataque lanzado por el Estado constitucional le permitía contraatacar a ojos del mundo. Pero eso obligaba a los concernidos a ser consecuentes, también en cuanto a unidad. Y no lo han sido. Ni mostrándose plenamente orgullosos de lo que hicieron o dejaron de hacer, ni perseverando en sus actos. Si aquello no fue delictivo, sino necesario, tampoco se comprende la razón por la que el independentismo –gobernante de nuevo tras el 155– ha rehusado hacer lo propio después del 21-D. Y, sin embargo, el president Torra y otros significados líderes secesionistas no dudan en mostrarse verbalmente más papistas que los encarcelados, proyectando a cada paso el mensaje de que la próxima vez lo ocurrido el 27 de octubre del 2017 irá en serio. Para poder hablar de estrategia de defensa se requeriría una de dos: o un repliegue de posiciones en toda regla, o pasar al ataque con todas las consecuencias. Su inexistencia no es sólo reflejo del momento que atraviesa el independentismo, sino de su propia naturaleza incoherente.

Si los acusados y el independentismo alegan que con su actuación trataban de ejercitarse en democracia, ampliando sus cauces y extendiendo su alcance formal más allá del autogobierno existente, el Estado constitucional podría limitarse a insistir en que nada de eso cabe realizarlo vulnerando la ley. Pero si, al tiempo que se renuncia implícitamente a incurrir de nuevo en los sucesos de octubre del 2017, se intenta avivar verbalmente un proceso general contra la democracia española, a esta no le queda más remedio que acusar al proyecto independentista de antidemocrático por naturaleza. En tales circunstancias, ¿puede el independentismo obtener resultados tangibles, indiscutibles, de un juicio así de infinito? Imaginemos que consigue que el Estado acabe perdiendo en coherencia, autoestima y prestigio. Que el Supremo absuelva a los acusados, o que esa absolución la dicte dentro de un tiempo el TEDH. O que la Fiscalía rebaje sus peticiones para curarse en salud. Pero para eso se requería una estrategia de defensa, cuando ni siquiera hay capacidad de control sobre lo que se diga dentro y lo que se haga fuera de la sala de vistas. Extrañamente, el independentismo ha tratado de dilatar el procedimiento, en la creencia de que así ganaba por lo menos tiempo. En realidad, lo ha perdido. Porque Catalunya necesita que esto acabe cuanto antes.

La falta de una estrategia de defensa es el reflejo de la naturaleza incoherente del independentismo