El fiscal duda que la justicia sea imparcial en Catalunya
Pedro Rubira, que ejerce la acusación contra Trapero, echa en falta “serenidad” La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ve obligada a corregirle
Los prolegómenos del juicio por el caso 1-O están siendo accidentados. Mientras las defensas están concentrando su fuego graneado sobre el Tribunal Supremo (TS) –al que le han pedido otras tres semanas para preparar la vista oral–, el fiscal se encargó ayer de causar un nuevo incendio, esta vez en la Audiencia Nacional, donde sostuvo la idea de que cabría poner en duda que el enjuiciamiento del 1-O se pudiera dejar en manos de la justicia en Catalunya, porque es lícito preguntarse si lo afrontaría con “serenidad e imparcialidad”.
Las llamas alcanzaron pronto tales proporciones que tuvo que intervenir la Fiscalía, mediante un comunicado ignífugo en el que matizó las expresiones del fiscal Pedro Rubira, quien había realizado la citada exposición en una vista preliminar sobre la parte del caso 1-O que lleva la Audiencia Nacional. En dicha vista se cuestionó que esta instancia sea la competente para juzgar el asunto, la pieza que atañe al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y sus antiguos jefes políticos en la Conselleria d’Interior.
La nota de la Fiscalía de la Audiencia, a su vez, manifestaba el deseo de “aclarar” que “en ningún caso se duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Catalunya, y en el resto del territorio nacional, quienes con su desempeño diario garantizan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la aplicación de las normas de nuestro ordenamiento”.
La aclaración se hizo necesaria porque en un primer momento las palabras del fiscal sonaron en la sala de vistas de la Audiencia con el estrépito de los impactos. Hubo rápidos cruces de miradas y cierta sensación colectiva de incredulidad. Sobre todo teniendo en cuenta los recientes comunicados de las asociaciones de jueces y fiscales en solidaridad con sus compañeros de Catalunya, no pocas de cuyas sedes han sido objeto de ataques. No faltó quien se preguntara si la Fiscalía estaba reconociendo que tales agresiones habían logrado amedrentar a jueces y fiscales en Catalunya.
Hay que precisar, en todo caso, que Rubira subrayó en su intervención que la preocupación por facilitar un entorno de serenidad a la causa penal del 1-O ya se manifestó desde el comienzo del proceso,
cuando el entonces fiscal general presentó la querella inicial. “En este caso –dijo Rubira citando tales antecedentes– se observa la conveniencia de preservar la necesaria serenidad en el enjuiciamiento de unas conductas que están generando un sentimiento de fractura social que no se puede desconocer”.
“¿Realmente piensan ustedes –prosiguió citando de nuevo a Maza– que esto no es competencia de la Audiencia Nacional? ¿Puede haber imparcialidad, serenidad, si se manda la rebelión y la sedición a Catalunya?, ¿piensan que puede haber esa serenidad y esa imparcialidad?”
Quienes no lo dudan son los letrados Jaume Alonso-Cuevillas y Pere Ferrer, defensores de los exjefes de Trapero y de que esta parte del caso 1-O se juzgue en Catalunya. Para el primero de ellos es claro y criticable que en esta causa se emplean “criterios de oportunidad o conveniencia política”. Para el segundo, en este asunto no se cometió delito contra la forma de gobierno, luego la competencia no debería ser de la Audiencia Nacional. Olga Tubau, abogada de Trapero, estuvo en la vista, pero no se sumó a la petición de declinatoria de la Audiencia.
En paralelo, el TS decidirá posiblemente hoy si accede a la petición del letrado Jordi Pina –defensor de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez– de que el inicio de la vista, fijada para el día 12, se aplace tres semanas para disponer de todos los documentos aceptados como prueba en el juicio. Los presos también pidieron disponer de ordenadores para preparar su defensa, y ya han podido hacerlo.
La defensa de Rull, Turull y Sànchez pide otras tres semanas de plazo para preparar el juicio en el Supremo