El partido de Macron se divide sobre la dura ley de orden público
La presión de los ‘chalecos amarillos’ erosiona la mayoría presidencial
El movimiento de los chalecos amarillos, que se prolonga desde el pasado 17 de noviembre, ha logrado frenar el ímpetu reformista de Emmanuel Macron y abrir grietas en el propio partido del presidente francés. Ayer, 50 diputados de La República en Marcha (LREM), la criatura política creada por el inquilino del Elíseo en el 2017, se abstuvieron en la votación de la dura ley de orden público diseñada para combatir a los llamados casseurs, los alborotadores que sistemáticamente provocan violentos disturbios en las manifestaciones.
La iniciativa legislativa salió adelante en la Asamblea Nacional con un resultado holgado: 387 votos a favor, 92 en contra y 74 abstenciones. Sin embargo, el camino será aún difícil hasta que se convierta en ley. La Asamblea tendrá que armonizar su texto con el del Senado.
A pesar de que la versión que se votó había sido bastante edulcorada, 50 diputados de LREM consideraron que se trata de una ley peligrosa, que limita demasiado el sacrosanto derecho de manifestación y de libre expresión, tal como denuncia la izquierda y algunos reputados juristas. El Gobierno, por el contrario, estima que las medidas son imprescindibles para evitar que se repitan las escenas de guerrilla urbana que ha habido en París y en otras ciudades durante los últimos dos meses, con el resultado de varios miles de heridos y contusionados, ingentes destrozos y un daño considerable a la economía.
La ley, en síntesis, da más poderes a los prefectos para prohibir manifestaciones o impedir su participación a determinadas personas. También incrementa las sanciones a quienes contravengan las disposiciones. Se hacen más rígidas las normas sobre los objetos que pueden llevarse a esas concentraciones públicas, para evitar que algunos de ellos devengan armas.
En el partido de Macron, una sincrética amalgama donde conviven centristas, exsocialistas y exconservadores, además de personas con muy poca experiencia política, las sensibilidades son muy diversas. Además, el choque con la realidad ha sido fuerte. Han pasado de lograr una victoria aplastante en las legislativas del 2017 a verse sacudidos por una crisis nacional que cuestiona su legitimidad. No son pocos los parlamentarios macronistas que han sufrido amenazas, incluso de muerte, o acciones intimidatorias ante sus domicilios.
El voto de ayer pone de manifiesto las dificultades del proyecto del presidente, un malestar interno que sólo puede superarse si se logra un buen resultado en las elecciones europeas del 26 de mayo.
La oposición en la calle continúa, como demostró la huelga –de seguimiento muy moderado– convocada ayer por el sindicato CGT y apoyada por sectores de los chalecos amarillos, una primera acción conjunta cuando parecía que el viejo sindicalismo había sido barrido.
Macron está cavilando sobre la posibilidad de convocar un referéndum el mismo día de las europeas, en el que plantearía varias preguntas sobre sendas reformas institucionales. El plan plantea riesgos. No está nada claro que funcione. El presidente quiere evitar una sola pregunta, una decisión binaria. Sería tenderse una trampa y permitir que la consulta se convirtiera en un plebiscito sobre su persona, una apuesta demasiado arriesgada.
Las medidas para evitar manifestaciones violentas y combatir a los ‘casseurs’ levantan recelos