Burguesías regionales desarmadas
Por qué la burguesía catalana no frenó la deriva independentista del nacionalismo catalán y consintió, cuando no alentó, el procés? Esta es una pregunta recurrente en conferencias, coloquios, artículos periodísticos y ensayos sobre la situación catalana. En muchos casos más que una pregunta es una denuncia.
No estoy seguro de que esta acusación sea justa. Al menos hasta donde llega mi conocimiento, significados miembros de esa burguesía manifestaron públicamente, y transmitieron en privado a los dirigentes políticos, su desacuerdo y falta de apoyo a la estrategia unilateralista. Pero, como es evidente, con nulos resultados.
Por cierto, tampoco en el Reino Unido las élites financieras y empresariales fueron capaces de influir en la estrategia de los partidarios del Brexit. La razón es que el malestar social que está detrás de estos procesos es una marea demasiado fuerte como para que las burguesías nacionales puedan servir de dique de contención.
Pero, en cualquier caso, vale la pena intentar dar una respuesta a la cuestión central que está detrás de esa pregunta. A mi juicio, la burguesía catalana no fue capaz de frenar el independentismo unilateralista porque cuando este se puso en marcha en el 2010 esa burguesía ya no existía; o, al menos, había perdido la influencia política que había tenido en el pasado.
Esa pérdida de influencia política fue el resultado de tres factores, uno económico, otro sociológico y un tercero político. El resultado fue el desarme político no sólo de la burguesía catalana sino también del resto de las burguesías regionales españolas.
La crisis industrial de finales de los setenta y la aparición de China como la nueva gran fábrica del mundo se llevó por delante a gran parte de las burguesías industriales y manufactureras tanto de Catalunya como del País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía y Valencia. Los procesos de reconversión industrial, deslocalización y cierre de la época fueron un golpe muy fuerte para las burguesías regionales. En paralelo, se produjo un cambio importante en la composición de esas burguesías. Los antiguos patronos, los “capitanes de industria” de los que habló el historiador Jaume Vicens Vives en una famosa conferencia a finales de los años cincuenta en el Cercle d’Economia, fueron sustituidos en muchos casos por directivos profesionales. Este cambio sociológico debilitó su influencia política.
Pero quizá el factor más importante vino de la política. La llegada al gobierno de José María Aznar en 1996 trajo dos consecuencias importantes para lo que aquí me interesa. Por un lado, el proceso de privatización de empresas públicas y de concentración bancaria dio lugar a un desplazamiento de sedes empresariales y financieras hacia Madrid. Fue, por ejemplo, el caso de Endesa, que bien habría podido permanecer en Barcelona o en Sevilla, que son sus dos principales mercados. Por otro lado, en ese proceso Aznar aupó al poder económico a una nueva élite de directivos empresariales y financieros que en algunos casos entraron en guerra abierta con algunas de esas burguesías regionales.
El espionaje supuestamente encargado por el BBVA al comisario Villarejo permite conocer algunas interioridades de esta batalla. El interés de Francisco González, colocado por Aznar al frente de Argentaria, en consolidarse en la presidencia del BBVA frente a la burguesía vasca de Neguri coincidió con el interés de Aznar en laminarla por considerarla demasiado cercana al PNV e incluso más favorable al PSOE que al PP. Algo similar ocurrió con la burguesía industrial catalana. Con ese juego, Aznar probablemente buscó neutralizar el nuevo poder político de las autonomías históricas con la debilitación del poder político de sus burguesías.
Curiosamente, la etapa democrática ha mostrado menos interés que el régimen de Franco en el mantenimiento del equilibrio económico territorial. El proteccionismo de la Restauración y los planes de desarrollo del franquismo fueron actuaciones encaminadas a hacer del Estado un actor importante en el mantenimiento del equilibrio territorial. Es tentador descalificar esas actuaciones. Pero ese papel fue común a todos los estados liberales, como ilustra para Estados Unidos el libro de Stephen Cohen y J. Bradford DeLong, dos conocidos economistas, Concrete economics. The Hamilton approach to economic growth and policy.
A ese desinterés por el equilibrio territorial se refirió de forma premonitoria el Cercle d’Economia en un documento publicado en el 2001, bajo la presidencia de Salvador Gabarró. El documento molestó tanto en Palau como en la Moncloa. Pero rearmar la influencia política de las élites empresariales y financieras regionales conviene tanto a la política autonómica como a la de España en su conjunto.
¿Por qué la burguesía catalana no frenó la deriva independentista y consintió, cuando no alentó, el ‘procés’?