Justicia reconoce que hay “alarma social”
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha movido ficha ante el incesante goteo de noticias referidas a agresiones sexuales y abusos cometidos en colegios, congregaciones e instituciones religiosas. Delgado reveló ayer que ha enviado un escrito a la Fiscalía General del Estado en la que pide a la fiscal general, María José Segarra, que le ponga al corriente de todas las causas abiertas en estos momentos en los juzgados relacionadas con abusos y agresiones de sacerdotes a menores:Un asunto que Delgado no esconde está adquiriendo unas dimensiones que generan “alarma social”.
La ministra de Justicia tampoco esconde su preocupación por el hecho de que muchos de esos nuevos casos destapados por informaciones periodísticas fueran ocultadas o ignoradas en su día por las instituciones religiosas afectadas. Dolores Delgado quiere estar, a partir de ahora, informada al día de la evolución de todas esas diligencias y más cuando el actual Gobierno está trabajando para modificar los plazos de prescripción de ese tipo de delitos. La propuesta es empezar a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a los 18 años como ocurre en la actualidad. La titular de Justicia afirma que con esa ampliación de los plazos de prescripción “se garantiza que el perjudicado o perjudicada haya alcanzado suficiente madurez para vencer la vergüenza y el miedo que generan estas execrables agresiones y pueda afrontar con solvencia la denuncia de los hechos y el proceso penal al que, en su caso, dé lugar”. Delgado justifica, asimismo, esos cambios por los “efectos especialmente graves para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas que los sufren, efectos que perduran durante gran parte de su vida adulta”. La ministra estima que el goteo continuo de nuevos casos y la alarma social que esas noticias están generando entre los ciudadanos obliga al Gobierno “a abordar este fenómeno” con medidas firmes e inmediatas. En el mismo escrito remitido a la Fiscalía General del Estado desde el Ministerio de Justicia se recuerdan algunos de los pasos dados ya por Ejecutivo ante esta realidad, como el anteproyecto de ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre. Una iniciativa que tiene como objetivo, recoge ese mismo escrito, “otorgar una mayor protección a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional”.