El Gobierno rectifica: los becarios no cotizarán a la Seguridad Social
Fue una sorpresa, desagradable, para el sector educativo el decreto ley del 28 de diciembre impulsado por el Ministerio de Trabajo que establecía el inicio de la cotización a la Seguridad Social para los estudiantes que realizaban prácticas en empresas. La justificación que se dio por parte del equipo de Trabajo de esta disposición era la necesidad de proteger a los becarios, aunque hay quienes creen que el único fin era aumentar la recaudación de la Seguridad Social. La reacción de las universidades y de los centros educativos que imparten cualquier modalidad de Formación Profesional no se hizo esperar, un no rotundo a hacerse cargo de una cuantía aunque fuera de unos 50 euros. La misma reacción se produjo en las empresas, que dijeron que si tenían que pagar esas cuotas dejarían de participar en el programa de formación de los estudiantes. A Trabajo se le olvidó hablar con los implicados.
Ante este panorama, la ministra de Educación, Isabel Celaá, decidió no amparar la decisión de su compañera Magdalena Valerio –que aún debe ser debatida en el Congreso de los Diputados– y aprovechó su comparecencia en la Cámara para dejar bien claro que el Gobierno no seguirá adelante con su intención de obligar a que se cotice a la Seguridad Social por el trabajo no remunerado de los estudiantes que realizan prácticas en empresas si esa disposición supone un problema para quienes deben hacerse cargo de esa cuota.
Celaá es consciente, aseguró ayer ante la comisión de Educación, del rechazo que esta medida ha suscitado en las empresas que colaboran en la formación de los alumnos. Un rechazo que pudiera derivar en la negativa a colaborar con las universidades y los centros donde se imparte FP, algo que no se puede permitir el sistema ante los problemas que encuentran actualmente para ubicarse en empresas donde hacer las citadas prácticas, reconoció la también ministra portavoz. Celaá también entiende que los centros educativos, y por tanto la administración, no puede hacer frente a ese gasto.
Por ello, y al margen de que al final se despeje quién debería hacerse cargo de la cuota y la cuantía de la misma, Celaá mostró su rechazo a la misma (incluyó al Gobierno en su conjunto) por las consecuencias negativas que tendría en el sistema de prácticas. Aunque tampoco hay cifras claras de a cuántos becarios afectaría esta medida, Comisiones Obreras estima que el número de afectados estaría en torno a un millón de estudiantes. Otras fuentes hablan de unos 700.000.