Las advertencias no frenan la limitación a los VTC
El Govern pretende validar el decreto ley pese a estar sobre la mesa del Consell de Garanties Estatutaries y contar con el dictamen contrario de Competencia
Nada va a hacer cambiar el decreto ley de la Generalitat que hizo marcharse inmediatamente de Barcelona a Uber y Cabify. Ni el informe contrario publicado por la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ni el dictamen aún por conocer del Consell de Garanties Estatutàries. Quizás, más adelante, lo hagan los tribunales.
De momento, el conseller de Territori, Damià Calvet, no piensa dar marcha atrás en la fórmula que puso fin a la huelga del taxi y se reafirmó ayer en mantener vigente el decreto ley que establece los 15 minutos de precontratación para los vehículos de alquiler con conductor (VTC). “Los dictámenes los valoramos pero seguiremos en la misma línea”, dejó claro Calvet. El conseller remarcó que los posicionamientos de esos órganos consultivos no son vinculantes y, por lo tanto, no impiden de ninguna manera su tramitación en el Parlament.
Aunque la normativa está vigente desde que se publicó el decreto ley en el DOGC el viernes pasado, aún debe ser validada por la cámara catalana. Como Ciudadanos lo ha llevado al Consell de Garanties Estatutàries, primero deberá pronunciarse dicho órgano antes de poder someterse a votación. Si el dictamen fuese en contra de la nueva legislación, el Govern tendría 30 días para aprobarlo. Si en ese tiempo no lo llevasen al plenario, quedaría automáticamente derogado, un escenario que en el departamento de Territori no contemplan. Todo lo contrario, tienen previsto acelerar al máximo su tramitación parlamentaria para poder ponerse a trabajar lo antes posible en la ley integral de transporte de viajeros en turismos de menos de nueve plazas que debe regular el papel de los taxis y los VTC en una misma normativa. La intención de Damià Calvet es someter la nueva ley a consulta pública antes del mes de abril para dejar claro que “los taxis hacen de taxis y los VTC de VTC”.
En paralelo, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) está preparando su reglamento propio que ampliará de 15 minutos a una hora el tiempo de antelación obligatorio para contratar un VTC. Si el decreto ley fuese finalmente derogado, el reglamento del AMB tendría serias dificultades para su aprobación definitiva –prevista para marzo– ya que no tendría una legislación que le diese la cobertura legal necesaria.
La normativa en vigor desde el viernes pasado ha sido cuestionada otra vez esta semana por la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que ha emitido un informe reiterando los argumentos que ya puso sobre la mesa cuando el Govern aprobó el decreto ley. Según la ACCO, la obligación de un tiempo mínimo de precontratación y de hacer volver el vehículo a la base después de cada servicio es claramente “discriminatorio y perjudica a los usuarios”, por lo que recomienda no convalidarlo en el Parlament. La argumentación del órgano consultivo es similar a la que ya emitió en su momento la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pero no hace moverse ni un milímetro al Ejecutivo catalán que, según el conseller de Territori, tiene la voluntad de regular “al margen de cualquier informe de cualquier agencia independiente”.
Un nuevo informe aconseja no convalidar la norma en el Parlament porque la precontratación obligatoria es “discriminatoria”
Damià Calvet se mostró especialmente duro con Ciudadanos, responsables de trasladar el decreto ley al Consell de Garanties Estatutàries. En el Congreso de los Diputados han hecho algo similar, tratando de frenar el real decreto que debe dar seguridad jurídica al decreto ley catalán. “Si algún grupo político quiere jugar con la confusión que lo haga pero aquí se ve una clara voluntad de bloqueo”, ha lamentado Calvet, acusando a los de Albert Rivera de “identificarse claramente con un sector”.