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La vicepresidenta Carmen Calvo da por rotas las negociaciones con el bloque soberanista con la votación por los presupuestos como telón de fondo, y la batalla contra el discurso de quienes defienden una regresión de las políticas contra la violencia de género.
CARMEN Calvo, vicepresidenta del Gobierno, compareció ayer ante la prensa para dar por rota la negociación con los soberanistas catalanes. Con el semblante grave, Calvo lamentó que los esfuerzos gubernamentales para mantener abierta la vía del diálogo no hayan dado mejores frutos. Y proyectó esta ruptura hacia el terreno de sus consecuencias, afirmando que “el tiempo de la legislatura se acorta”. En efecto, si al fin no progresan los presupuestos, la cuenta atrás se habrá iniciado para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los representantes de la Generalitat respondieron a la comparecencia de Calvo con otra de Pere Aragonès, vicepresidente, y Elsa Artadi, consellera de Presidència, quienes expresaron cierta sorpresa ante las noticias procedentes del Gobierno, al que acusaron de ceder ante la derecha, y dijeron que su deseo era seguir sentados a la mesa del diálogo.
Quizás sea pronto para afirmar de modo concluyente que estos intentos dialogantes están definitivamente condenados. De hecho, tanto ERC como el PDECat disponen de tiempo hasta el próximo miércoles para retirar las respectivas enmiendas a la totalidad que han presentado a los presupuestos de Sánchez. Habida cuenta de que sus votos son imprescindibles para que progresen las cuentas, la palabra final la pronunciarán al retirar o no sus enmiendas. Si las echan atrás, el Gobierno podría todavía salvarlas. Si las mantienen, le estarán dando el tiro de gracia.
En una situación ya muy convulsa, con el juicio por el 1-O –que empezará el martes– a la vista, y rodeados por un gran despliegue policial, el presidente de la Generalitat y el del Gobierno se reunieron el pasado mes de diciembre en Barcelona. No está en nuestra mano precisar cuál era el grado de sinceridad de cada uno de ellos al exponer entonces sus deseos de diálogo, ni si eran de la misma intensidad. Pero a juzgar por declaraciones de ambos lados y por un documento del Gobierno central, que ayer se difundió, la idea del diálogo se perfilaba como la vertebradora en su relación.
El desarrollo de los acontecimientos permite inferir que tal voluntad de diálogo ha topado con obstáculos poco menos que insalvables. No sólo por la insuficiente cintura de las partes. También porque había líneas rojas, como la de negociar la autodeterminación, que el PSOE no estaba dispuesto a cruzar. Y porque el ambiente político se fue enrareciendo tras las reacciones –a nuestro criterio, exageradas– que ha suscitado la figura del relator que debía participar en la mesa de partidos catalanes. PP, Ciudadanos y Vox convocaron para mañana una manifestación en Madrid en pro de la unidad de España. Y varios barones socialistas, a los que se unió el jueves el expresidente del gobierno Felipe González, lanzaron reproches a Sánchez.
Todo indica que, en esta tesitura, el Gobierno ha dicho “hasta aquí hemos llegado”. Enfrentado a un soberanismo cuyas demandas no encajan en la Constitución, criticado rudamente por los partidos de la oposición derechista y sometido al fuego procedente de las propias filas, Pedro Sánchez ha visto cómo su margen de maniobra se reducía más y más. El presidente no tiene la menor intención de que su deseo de dialogar se interprete como claudicación. Ahora la presión está sobre los independentistas, que el domingo tendrán la ocasión de comprobar en Madrid, una vez más, que la oferta negociadora de la derecha no será, ni de lejos, más generosa que la de Sánchez.