El turno de la justicia

A las puertas del inicio del juicio por los sucesos del 1-O, Juan José López Burniol considera un “fracaso” que el conflicto desatado en Catalunya no haya dado con un arreglo distinto a la vía judicial.

Tenía preparado para este sábado un artículo basado en dos películas, en las que me pareció entrever distintas actitudes vitales y políticas de los jóvenes de los años sesenta-setenta del pasado siglo y de los jóvenes de hoy. Pero he creído que, en las actuales circunstancias, era algo así como escurrir el bulto o, como se dice en catalán, fugir d’estudi, razón por la que voy a tratar del tema de los temas. Pero soy incapaz de hacerlo, a estas alturas, con la pretensión de concretar unas reflexiones de valor y alcance general. Me limito, por tanto, a exponerles mis pensamientos y sentimientos en un momento tan crucial. Lo hago sin afán apologético ni, menos aún, apostólico; tan sólo para que estas ideas les sirvan, si gustan de ello, como pelotas que se rebotan en un frontón, para perfilar aunque sea por contraste su propio pensamiento. Son estas:

1. Conciencia clara de la extrema gravedad del momento. España como nación y el Estado que la articula jurídicamente viven el momento más grave con diferencia desde el inicio de la transición. La ruptura de la legalidad constitucional que tuvo lugar en Catalunya, la fuerte erosión institucional experimentada por diversas causas –exógenas y endógenas– en toda España y el demoledor efecto de una corrupción de alto voltaje han provocado una fuerte crisis del Estado, cuya autoridad ha decaído de forma ya perceptible. Contribuye a ello una clase política que parece más atenta a los intereses de partido, o personales de sus dirigentes, que a los generales del país.

2. Sensación de fracaso colectivo. Que una cuestión política como el llamado problema catalán, cuya formulación directa se remonta a hace más de un siglo, haya desembocado en un juicio de estas características es un enorme fracaso colectivo. Sé perfectamente que lo que se van a juzgar ahora son presuntos delitos y no ideas políticas, pero lo que me provoca sensación de fracaso es que durante más de un siglo, y en concreto en los últimos años, no hayamos sido capaces entre todos de encauzar racionalmente el tema llegando a una transacción. Y añado que el fracaso no es sólo de los políticos. Pienso también en los empresarios y dirigentes sociales que han callado o que, peor aún, han utilizado un penoso y cobarde doble lenguaje. Y no me olvido de aquellos periodistas, opinadores de toda laya y tertulianos más o menos de tres al cuarto –entre los que me incluyo–, que hemos echado carnaza a la bestia supliendo con gesticulación y extremosidad lo que nos falta de sosiego y racionalidad.

3. Constatación de que España es una democracia consolidada. Dentro de esta penosa situación, hay algo que me tranquiliza: España ha consolidado un nivel de vida y unas instituciones democráticas que la hacen enteramente distinta a la España de los años treinta. La democracia española tendrá todos los defectos que se quiera, pero es homologable a la de los países de nuestro entorno y, como tal, hace posible que los conflictos se sustancien ante los tribunales y no a campo abierto. Porque hay algo que no debe olvidarse: la ley y los jueces son la única alternativa existente frente a la violencia. Silent leges inter arma, decían los romanos. Sigue siendo cierto.

Que el ‘problema catalán’ haya desembocado en un juicio de estas características es un enorme fracaso colectivo

4. Confianza en la justicia. Viviremos –de hecho ya estamos viviendo desde hace tiempo– una campaña de deslegitimación de la justicia española y, en especial, del Tribunal Supremo y de la Sala que conocerá del juicio que nos ocupa. Nada que decir: cada cual dice lo que quiere y piensa lo que puede, es decir, aquello de lo que es capaz según sus entendederas y le permiten sus pasiones. Pero, frente a esta opinión deslegitimizadora primorosamente cultivada en Catalunya, proclamo mi confianza en el sistema judicial español y, en concreto, en el tribunal juzgador, que estoy seguro aplicará la ley con criterios de prudencia –la virtud jurídica por excelencia–, valorando por tanto las circunstancias concretas del caso y teniendo en cuenta que –como dice la Partida 3, 22, 17, “los jueces deben ser siempre piadosos y mesurados, y más les debe placer de quitar o aliviar el demandado que condenarlo o agraviarlo”.

5. Mesura. Si el Código de las Siete Partidas exige mesura a los jueces, con mayor motivo debemos observar esta moderación quienes sólo somos espectadores del juicio. Por consiguiente, bien está opinar y criticar cuanto y como se quiera, pero sin agraviar, perturbar y enfrentar deliberadamente. Ni una mala palabra, ni un mal gesto, ni una mala actitud. Respeto a los hechos, respeto a la ley y respeto al adversario, que nunca ha de ser visto como un enemigo a batir, sino como alguien con el que se seguirá conviviendo.

6. La vida sigue. Se celebrará el juicio en medio de una enorme expectación. La tensión será alta y parecerá que se acerca un cataclismo. Pero la vida seguirá y, con el paso del tiempo, se desvanecerán los detalles. Pero subsistirá incólume el problema, para el que no existe otra receta que el diálogo, un diálogo transaccional que se afronte con la ley como marco, la política como tarea y la palabra como instrumento.