Aumenta la violencia de género
EN lo que llevamos de año han muerto en España ocho mujeres a causa de la violencia de género. En el 2018 fueron 47 las víctimas mortales y desde que, en el 2003, se inició la estadística de esta lacra, la cifra se eleva a 973, a la que habría que añadir los 225 huérfanos que esos crímenes han dejado. La alarma social por esta tragedia no hace más que aumentar a tenor de que el número de casos no sólo no desciende sino que, a juzgar por los datos de los primeros 40 días del presente año, se puede hablar de un aumento. El último asesinato conocido, cometido por un hombre que descuartizó a su pareja en Alcalá de Henares y guardó los restos en una cámara frigorífica, revela un sadismo que no hace más que agravar la alarma social que provoca la cuestión.
Frente a este estado de cosas, se multiplican las llamadas a frenar la violencia de género. Desde las policiales y judiciales –aunque a veces siguen emitiéndose sentencias de todo punto incomprensibles– hasta las legislativas y sociales, como campañas de concienciación para escolares de secundaria –en algunos casos de violencia de género han intervenido menores– o el concierto que tuvo lugar el pasado día 7 en Madrid para escenificar la necesaria toma de conciencia. El sector más activo de la sociedad española hace tiempo que está movilizado para poner coto a una violencia que hunde sus raíces en una forma periclitada e injusta de entender las relaciones humanas, porque se basa en una inaceptable superioridad social y moral del hombre sobre la mujer. Es una batalla que exige, sobre todo, la asunción colectiva de la igualdad de género en todos los órdenes de la vida.
Pero todavía existen en la sociedad española quienes no están dispuestos a reconocer esa igualdad y rechazan que la mujer debe ser protegida social, policial y judicialmente. No se trata tan sólo de colectivos que siguen viejos patrones de actuación o de grupos con escasa formación y conciencia, sino de sectores que están dispuestos a promover una regresión de las políticas contra la violencia de género, argumentando precisamente la igualdad entre el hombre y la mujer, que, como es bien demostrable, no sólo no existe, sino que se está lejos de alcanzarla. Esto último es particularmente grave si se tiene en cuenta que son grupos que no sólo gozan de poder de influencia política, sino que además han accedido democráticamente al poder legislativo en Andalucía. Una regresión en las leyes contra la violencia de género como la que se propone desde estos sectores comportaría un riesgo muy grave para avanzar en la lucha contra una lacra machista que es necesario extirpar para siempre.