El Síndic de Greuges denuncia la poca transparencia de la Iglesia en los abusos
Rafael Ribó dice que hay hechos “supuestamente conocidos por los superiores”
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, considera que los datos sobre abusos sexuales en menores están infradetectados y que se trata de un fenómeno oculto, más aún en el caso de la Iglesia. Por esa razón abrió primero una actuación de oficio, tras conocerse los primeros casos a través de los medios de comunicación, y ayer anunció una investigación monográfica sobre los abusos en el ámbito de la Iglesia católica y la creación de una comisión independiente y externa, presidida por el propio Síndic, para asesorar y mejora los instrumentos de prevención.
El Síndic fue más allá al señalar que no sólo se da una “invisibilidad” de estas situaciones en las instituciones y centros de la Iglesia católica, sino que ha habido hechos “conocidos supuestamente por sus superiores” que no se han puesto en conocimiento de las autoridades competentes ni se ha actuado para determinar la existencia de otros menores afectados.
El Síndic apunta ya que “la Iglesia católica ha tenido una actitud poco transparente, e incluso algunos responsables eclesiásticos han realizado algunas manifestaciones que minimizan la gravedad de los hechos”.
Una afirmación que apunta al arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, quien afirmó que algunas acciones podían ser fruto de “un mal momento”, aunque poco después rectificó para decir que en ningún caso debía interpretarse como una minimización de la gravedad de los hechos. Para Rafael Ribó, la extrema gravedad de los hechos merece una condena absoluta y tolerancia cero. En una comparecencia ante la prensa, junto a la Adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, Maria Jesús Larios, fue rotundo al afirmar que solicita “la asunción de responsabilidades por parte de los responsables de estos actos y de sus posibles encubridores”. Y señaló hasta tres niveles de responsabilidad: canónica –terreno que corresponde sólo a la Iglesia–, penal y administrativo. En este sentido hizo también un llamamiento a las administraciones públicas y a los departamentos de Justícia y Educació para que asuman el liderazgo en la lucha contra estos abusos. Y también se refirió a la responsabilidad de las direcciones de centros y del propio Departament d’Educació para detectar casos y actuar con contundencia.
Ribó explicó que el pasado jueves se reunió con el abad de Montserrat, Josep Maria Soler, y su secretario para explicarle la iniciativa y pedir la máxima colaboración. El Síndic aclaró que “el fallecimiento del autor de los abusos no paraliza las investigaciones, entre otras cosas para saber si hay más personas implicadas i poderlas ayudar”.
Otra novedad es que estudiarán “propuestas de reparación a las víctimas y de ayuda y superación de los hechos”. Preguntado si esta reparación debía ser económica, se limitó a señalar que está en fase de estudio y que serán medidas similares a las que ya se han tomado en otros países como Irlanda, el Reino Unido y Chile. También estudiarán un posible protocolo de actuación y programas de formación en establecimientos religiosos donde se realicen actividades con menores.
Por otro lado, ayer se conocieron detalles del anteproyecto de Ley orgánica de modificación del código penal para la protección de la libertad sexual de las ciudadanos que se podría presentar el próximo viernes 15 de febrero. El Gobierno eleva a 3 años el límite mínimo de un año que hasta ahora se establecía para la sanción del delito básico de agresión sexual.
También suprime la pena alternativa de “multa de 18 a 24 meses” que se ahora se establece en el tipo básico del delito de abusos sexuales. Según argumenta el Gobierno, el objetivo es “focalizar la sanción siempre en penas privativas de libertad que visibilizan igualmente mejor la dimensión del reproche social que merecen estas conductas”.
El Gobierno propondrá un cambio del Código Penal para endurecer las penas por delitos sexuales