El Gobierno reduce la burocracia en el desarrollo de proyectos científicos

Menos trabas burocráticas en el desarrollo de proyectos científicos y contratación ágil y estable de investigadores que contribuya a la desprecarización del colectivo. Son dos de las medidas contempladas en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en el ámbito de la Ciencia, la tecnología y la innovación y universidad que presentó ayer tras el Consejo de Ministros el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y que dan respuesta a las principales reclamaciones que centros de investigación y universidades venían realizando desde hacía años al Gobierno.

El documento recoge diez medidas para flexibilizar y mejorar el funcionamiento del sistema I+D+I en España. Duque señaló que la iniciativa del Ejecutivo es un punto de inflexión para la ciencia y las universidades estatales que “han soportado en los últimos años normativas que dificultaban el normal desarrollo de proyectos científicos” y que lastraban la competitividad del sector.

“Es un primer paso que va por el buen camino y que recoge algunas de las principales reclamaciones que hacíamos al ministro centros de investigación y universidades. Ahora falta ver que se concrete en la práctica”, valoró Josep Samitier, director del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) y presidente de la Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER). “No es una solución global a todos los problemas que tenemos en ciencia en España pero sí es un avance importante”, observó.

De la misma opinión es Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona y presidente de la alianza de centros de ciencia de élite Somma: “Es un avance importante que viene a solucionar algunas de las reivindicaciones de Somma, como la necesidad de contratos indefinidos a investigadores asociados a proyectos. Y en este sentido, el decreto ley es un paso importante”.

Las medidas se centran en reducir las cargas administrativas que trababan el desarrollo de proyectos científicos: en facilitar la contratación ágil y estable de investigadores; así como en mejorar la igualdad de oportunidades, muy dirigida a proteger la carrera de las científicas tras la maternidad.

En definitiva, se busca que los investigadores no tengan que invertir tiempo y recursos en trámites burocráticos y puedan centrarse en su trabajo, de manera que puedan competir mejor en el ámbito internacional y captar talento investigador.

“Hasta ahora debíamos enfrentarnos a trabas que no tienen ni pies ni cabeza y que lastran que podamos desarrollar proyectos”, apuntó Joan Elias, rector de la Universitat de Barcelona (UB) y presidente de la Associació Catalana d’Universitats Públiques.

La propuesta de Duque sustituye la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación (OPI) y permite que tengan el control financiero permanente. Asimismo, en aras a la reducción de trámites, los contratos y convenios entre centros, que ahora por ley eran de cuatro años, lo que obligaba a los centros a renegociar acuerdos y renovar tras ese periodo, pasan a ser de hasta 17 años.

Y se agiliza la compra de material e instrumentos científicos. Ahora los centros y universidades podrán ejecutar contratos menores con importes de hasta 50.000 euros con el mismo proveedor para distintas unidades.

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