El Gobierno contrata a 1.735 personas para servicios afectados por el Brexit
El Consejo de Ministros aprobó ayer la contratación de 1.735 personas para reforzar los servicios que sufrirán un aumento de su carga de trabajo por el Brexit, principalmente la Agencia Tributaria y el control de fronteras. Las 1.735 plazas forman parte de la oferta global de empleo público ya prevista para el 2019.
El Ejecutivo señaló en un comunicado que la Administración dispone actualmente de los medios necesarios para afrontar el nuevo marco de relaciones que implica la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero reconoce que se debe reforzar la disponibilidad de empleados públicos en determinados sectores. Además, explicó que es necesario contar con la mayoría de dichos efectivos antes del 29 de marzo, fecha en la que está prevista la salida del Reino Unido, con o sin acuerdo, para actuar con suficiente antelación.
Las áreas que necesitan más refuerzo de personal son el control fronterizo de personas, el control aduanero y los servicios de inspección sanitaria exterior, tanto para la importación como para la exportación de mercancías. Otros sectores afectados son el control de la seguridad en el transporte de viajeros, las oficinas de extranjería y la atención a los ciudadanos británicos, así como las actividades de promoción de la internacionalización de las empresas españolas o la actividad de la representación de España en el Reino Unido.
Del total de nuevos contratos, 875 corresponden a puestos de trabajo en la Administración General del Estado, y 860 en servicios que prestan empresas públicas, principalmente Aena y Puertos del Estado. Hacienda es el ministerio que más se reforzará, con 462 personas.
Los sindicatos acogieron con críticas el anuncio. La organización de funcionarios criticó la “chapuza, la improvisación y la falta de perspectiva” y advirtió que debido a la demora de la oferta los puestos deberán cubrirse con personal interino. Remarcó, además, que la Agencia Tributaria, padece un déficit de 3.950 empleos desde el 2009, que se agravará con las jubilaciones previstas en los próximos ejercicios, teniendo en cuenta que la mitad de la plantilla tiene más de 50 años.
“Desde hace años venimos denunciando el cortoplacismo yla falta de diagnóstico de las necesidades reales de empleo público en cada organismo”, destacó Comisiones Obreras, que lamentó que los 1.735 empleos ahora convocados se descuenten de la oferta general de empleo público ya prevista.