Alta traición
En Estados Unidos uno de los ensayos más destacados del 2018 fue Cómo mueren las democracias. Lo han escrito Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, aquí lo ha publicado Ariel y el libro tiene la cortesía de ser comprensible. Estos profesores de Harvard piensan el presente político preocupados por la degradación de la democracia que comporta la presidencia de Trump. Comparando múltiples casos –con gran presencia de ejemplos del chavismo, por cierto–, constatan que la democracia puede ser puesta en la picota no a través de golpes de Estado sino por gobernantes que de manera legal acceden al control del poder ejecutivo. Una vez que están allí, pervirtiendo los códigos de la democracia liberal, los sátrapas inician una corrosión que puede llevar a su país al colapso.
Un gobernante inicia esta deriva autoritaria, afirman, cuando actúa del modo siguiente: 1) rehúsa o acepta débilmente las reglas de juego, pongamos por caso expresando la voluntad de no acatar la Constitución; 2) niega legitimidad a los adversarios, afirmando que sus rivales son una amenaza existencial para el modelo de vida imperante; 3) tolera o fomenta la violencia, por ejemplo, no condenando la violencia ejercida por sus partidarios; y 4) muestra predisposición a restringir libertades civiles de la oposición o de los medios de comunicación, amenazando con medidas legales contra quienes adopten posiciones críticas.
Frente a este peligro, ¿qué puede hacerse? La respuesta de estos sabios, partiendo de una reflexión del politólogo J.J. Linz, interpela a los partidos: deberían tomar conciencia de la excepcionalidad de la situación y actuar como guardianes del orden que es su razón de ser. Ante todo se trataría de evitar una tentación catastrófica: la de acercarse a los que ideológicamente son más afines pero que se sitúan en una posición extrema (no me pidan ejemplos, ni de aquí ni de allí, por favor). La responsabilidad pasaría, asumida esta situación, por pactar con los partidos alejados por ideología pero con quienes se comparte un fin superior: el compromiso con la pervivencia del marco vigente toda vez que el marco es garantía fundamental de la convivencia en libertad.
Este marco es el ordenamiento constitucional. Su fortaleza, si se quiere democrática, no se fundamenta en la fuerza sino en el reconocimiento por parte de la ciudadanía de la solidez de las instituciones del Estado. Una solidez que no está ganada para la eternidad sino que se consolida a lo largo del tiempo cuando unos y otros se suceden cumpliendo con las leyes y unas leyes no escritas que en la práctica vendrían a actuar como el espíritu de la democracia. No son explícitas, pero están. Las sintetizan en dos: la tolerancia mutua y la contención institucional. Si quieren saber cómo se incumple la primera, escuchen a Casado vertiendo gasolina retórica sobre la crisis catalana y negando legitimidad a la presidencia de Sánchez. Incendiando la mutua tolerancia, juega con fuego como lo hace un antisistema.
De estas dos leyes no escritas, tolerancia y contención, ahora me interesa más la segunda. “Podemos concebir la contención institucional como el evitar realizar acciones que, si bien respetan la ley escrita, vulneran a todas luces su espíritu”. Entre otros ejemplos explican intentos de asalto partidista al Tribunal Supremo de Estados Unidos como paradigma de cómo se intentó sabotear la contención. ¿Lo podríamos traducir a nuestra realidad de hoy y aquí?
En España, a la hora de diseñar el nuevo ordenamiento durante la transición, se otorgó un papel muy relevante a los grandes partidos para elegir a los magistrados que integrarían los altos tribunales (el Supremo y el Constitucional). Como la judicatura había estado al servicio del orden autoritario franquista, la decisión se tomó para preservar el carácter democrático de estos órganos centrales del nuevo orden. Pero la consolidación del Estado de 1978 ha comportado que aquella decisión fundacional, adoptada con pragmatismo para garantizar la democratización, fuera pervertida: demasiadas veces los partidos se han pasado la contención por el forro con el objetivo de poner dichos tribunales a su favor y situando así el ordenamiento vigente en zona de riesgo. En otras palabras, atentando contra las leyes no escritas, han atacado la democracia.
Durante la tramitación del recurso contra el Estatut, el caso del Constitucional fue flagrante: los populares manipularon de manera irregular su composición para precondicionar la sentencia. Y desde hace poco tenemos pruebas de que actuaron igual en el Supremo: el mensaje que el 17 de noviembre Cosidó envió al grupo de senadores populares es un escándalo que ha puesto en riesgo la credibilidad del Supremo cuando debe afrontar el momento más crítico de su historia democrática. Más que salvar la nación, sospecho, Cosidó quería salvar la cúpula del partido. Hoy los populares, presentándose como salvadores de la patria, llaman a manifestarse para tapar la corrupción que no pudieron sepultar con los fondos reservados. Usan tu bandera para limpiarse su miseria. Sólo falta el relator que lo escriba.
Demasiadas veces los partidos se han pasado la contención por el forro para poner a los tribunales a su favor