Tres meses de protestas
Las grandes ciudades piden indemnizaciones al Gobierno
Los alcaldes de las ciudades francesas más afectadas por los altercados de los chalecos amarillos han pedido al Gobierno una reunión urgente para tratar sobre ayudas que compensen las pérdidas sufridas.
La factura que deja el movimiento de los chalecos amarillos es abultada. Trece semanas seguidas de disturbios, alteraciones de tráfico, destrozo de material urbano y daños directos e indirectos en comercios han colmado la paciencia de las ciudades más afectadas por las manifestaciones de cada sábado. Sus alcaldes publicaron ayer un comunicado en el que pidieron al Gobierno una reunión urgente para tratar sobre ayudas e indemnizaciones que compensen las pérdidas sufridas.
Las urbes que han tomado la iniciativa incluyen, entre otras, París, Nantes, Rennes, Rouen, Burdeos, Toulouse, Lyon y Saint-Étienne. Todos los sábados, desde el pasado 17 de noviembre, la vida ciudadana se ve alterada por la masiva presencia policial y unas marchas de protesta que, invariablemente, terminan en choques violentos. Centenares de tiendas, restaurantes, agencias bancarias y locales de todo tipo han visto destrozadas sus lunas, cuando no han sido víctimas de saqueos.
Los alcaldes de la asociación Francia Urbana –a la que pertenecen las ciudades más pobladas del país– han pedido un encuentro inmediato con el primer ministro, Édouard Philippe, y con los titulares de Economía, Bruno Le Maire, y Cohesión Territorial, Jacqueline Gourault, para “definir las modalidades de indemnización y de acompañamiento en nombre de la solidaridad nacional”. Estos líderes municipales sostienen que han debido asumir gastos extras debido a la degradación de bienes públicos y la movilización de personal. Los gremios de comerciantes, restauradores y hoteleros están presionando a las autoridades locales porque quieren ser resarcidos. Sólo en la ciudad de Toulouse, su alcalde, Jean-Luc Moudenc, estima que la factura de las algaradas se eleva a 5,6 millones de euros.
Para el Gobierno central, el coste económico de los desórdenes también está siendo alto. Sólo la movilización de hasta 80.000 policías en las jornadas de protesta supone un dispendio importante.
En París se vivió ayer la resaca de los incidentes del sábado. El hecho más grave fueron las heridas sufridas en una mano por un manifestante que pretendía irrumpir en la Asamblea Nacional. La Fiscalía abrió una investigación. Según testigos, el manifestante trató de coger con la mano, o de apartar, una granada lanzada por la policía. El artefacto le explotó y le arrancó cuatro dedos. Los antidisturbios, cuando la situación en la calle se complica, recurren a veces un tipo de granada lacrimógena y ensordecedora de alta potencia , la GLIF4, que contiene 25 gramos de TNT. Si la deflagración se produce cerca de una persona, puede causarle graves heridas y mutilaciones, por lo que hay un clamor para que se prohiba, como han hecho en la mayoría de países europeos.
El ministro del Interior, Chistophe Castaner, explicó que la policía se vio obligada a usar la granada para romper el cerco y frente a una masa hostil que pretendía asaltar la Asamblea Nacional. Castaner recordó que numerosos cajeros automáticos en las calles por donde transcurrió la manifestación quedaron destrozados. Fueron pasto de las llamas un vehículo de la misión Vigipirate (despliegue antiterrorista del ejército) y un Porsche que estaba aparcado. Según Castaner, fue el mismo individuo, militante anarquista fichado por la policía, quien prendió fuego a los dos vehículos. Esta persona fue detenida, junto otras 44, y puesta a disposición judicial.
La Fiscalía investiga el incidente en París en el que una granada policial mutiló la mano de un manifestante