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Pedro Sánchez baraja varias fechas para un posible adelanto electoral ante la negativa de las formaciones independentistas de apoyar los presupuestos, y la creciente escalada de tensión diplomática entre París y Roma tras la reunión del viceprimer ministro italiano, Luigi di Maio, con representantes de los chalecos amarillos, que ha levantado ampollas en Francia.
AYER se dio un nuevo paso hacia la convocatoria de elecciones anticipadas en España. La agencia Efe, citando fuentes socialistas, informó a media mañana que se barajaba la fecha del 14 de abril para tales comicios. Otras fuentes, también próximas al Gobierno, señalaron en cambio que dichas elecciones podrían celebrarse el superdomingo del 26 de mayo, junto a europeas, autonómicas y municipales. Y no faltan quienes afirman que la cita electoral podría demorarse hasta octubre o, incluso, hasta el 2020, año en el que se agota la legislatura.
Ante estas informaciones contradictorias, Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso, compareció en público para señalar que es precipitado hablar de una convocatoria anticipada antes de mañana miércoles, fecha en la que expira el plazo para que ERC y el PDECat retiren sus respectivas enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos preparados por el Gobierno. Sólo entonces, y puesto que sin el apoyo de las dos formaciones soberanistas sus cuentas no superarían el trámite parlamentario, el PSOE podría fijar fecha para anticipadas. Por tanto, no es de extrañar que ayer se interpretara la información de Efe como una medida de presión sobre ERC y PDECat: si no retiran sus enmiendas y se adelantan elecciones, el interés del PSOE para negociar con ellos se reducirá mucho.
La situación está por tanto abierta, y enmarcada en un momento convulso. El Gobierno encabezado por Pedro Sánchez debe hacer frente a una dura ofensiva de la derecha, que el domingo obtuvo un resultado discreto en su manifestación madrileña contra el presidente: alrededor de 45.000 participantes, lo cual puede considerarse como un tropiezo para los convocantes, al que cabría sumar el coste político que acaso tuvo para los líderes del Partido Popular y Ciudadanos fotografiarse junto al de Vox. A su vez, los independentistas no dan muestras de querer regresar de veras al diálogo con el Estado: ayer el presidente Torra volvió a expresar su idea de retomarlo, pero a la vez reclamó una serie de condiciones difícilmente admisibles, como “hablar” del derecho a la autodeterminación. Y en el PSOE siguen oyéndose voces críticas contra Sánchez.
En cualquier caso, pronto saldremos de dudas. Mañana mismo sabremos si ERC y el PDECat retiran sus enmiendas o si, por el contrario, allanan el camino a Sánchez para que ponga en práctica su prerrogativa de convocar elecciones anticipadas. Lo que sí podemos adelantar ya es, en primer lugar, que un revés de Sánchez abortaría unas cuentas de claro contenido social, que conllevan además ventajas particulares para Catalunya. Y, en segundo lugar, podemos adelantar también que unas elecciones que desembocaran en la sustitución del presidente Sánchez por otro de derechas supondría probablemente una nueva aplicación del artículo 155, con grave quebranto para el régimen autonómico de Catalunya y para todos sus ciudadanos sin exclusión, ya sean soberanistas o no.
Toda negociación política requiere cintura, en especial cuando la guía un genuino deseo de progresar. Hay que ser ambicioso a la par que comedido. Hay que calcular los efectos a medio y largo plazo de las decisiones. Hay que dejar de lado maximalismos e imposibles, y trabajar dentro de la legalidad para el conjunto de los ciudadanos cuya representación oficial se ostenta, no sólo para una parte. Hay que hacerlo con firmeza. Pero también con realismo e inteligencia.