Resucita la ‘mochila austriaca’
Implantar un fondo individual para los trabajadores plantea numerosos interrogantes entre expertos y agentes sociales
En su hoja de ruta con reformas estructurales, el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó finalmente la denominada mochila austriaca, una fórmula de capitalización individual de los trabajadores que ya trató de introducir a principios de esta década el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero. Y que volvió al debate público en las sucesivas negociaciones de investidura de Ciudadanos tras las elecciones generales del 2015 y el 2016. A pesar de evidentes disensos en el propio Gobierno, la Agenda del Cambio presenta la mochila austriaca como una de las herramientas para conseguir “un mercado laboral eficiente y justo”. La decisión reabre numerosos interrogantes para los expertos y los agentes sociales. La clave reside, destacan, en qué diseño del paradigma austriaco se pretende aplicar y cómo se va a financiar.
Se trata de una cuenta de ahorro individual, que se nutre de las diferentes aportaciones mensuales que realiza el empresario y que acompaña a cada trabajador a lo largo de toda la vida laboral. Estas cuotas se plantean como una indemnización diferida para todos los asalariados.
Tal y como recuerda Ramon Marimon, profesor de Economía en el European University Institute (Florencia) y en la Universitat Pompeu Fabra, la mochila se introdujo en Austria, a cambio de acabar con las indemnizaciones a los trabajadores. Se fijó una cuota a las cuentas de ahorro del 1,53% del salario bruto, que se gestionan por fondos privados. Con este cambio buscaban impulsar la movilidad laboral voluntaria (incentivar a cambiar de empresa, compensando las ventajas de ir acumulando antigüedad). Marimon apunta que, para que el sistema resulte atractivo, el trabajador no tributa por las cantidades ahorradas, al tiempo que defiende que su implantación contribuiría a que “la economía española esté más capitalizada”.
En general, se utiliza por desempleo o jubilación. La propuesta de la ministra de Economía, Nadia Calviño, hace referencia explícita al despido improcedente, por movilidad geográfica, formación o con el retiro.
La Agenda del Cambio plantea una aplicación “gradual” a partir del 2020. Rafael Doménech, responsable de análisis macroeconómico del BBVA Research, apuesta por comenzar a abrir estas cuentas a los nuevos contratados y que el resto de trabajadores tenga la opción de acogerse también de forma voluntaria. Al igual que Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, Doménech defiende una fórmula mixta, en la que figure también una rebaja de la indemnización del trabajador al resolverse el contrato. Torres considera que esta sería una vía para “reducir la brecha de costes entre trabajadores fijos y temporales”. A finales del 2014, BBVA Research publicó una propuesta, donde la aportación a una eventual mochila era de ocho días por año trabajado –lo que supone una cotización del 2,19% del salario bruto– tanto para indefinidos como temporales, y una compensación al final de la relación contractual que penalice la rotación. Esta fórmula se completa con una simplificación a tres de los tipos de contrato y “tasar con claridad las causas de despido para que no se genere incertidumbre en los tribunales”.
Los defensores del modelo señalan con claridad al empresario. Aunque es consciente de las reticencias de los empleadores, Floren Felgueroso, investigador de Fedea, forma parte de quienes opinan que, al inicio, el coste es relativamente pequeño. Sin embargo, Felgueroso se muestra escéptico sobre las posibilidades reales para hacer un cambio de estas dimensiones. “Es como el día de la marmota, el gobierno de turno ve que hay que hacer algo con el mercado laboral (mochila austriaca, bonus/malus en la cotización, simplificar los contratos...), pero no es sencillo. Y pasan los años”.
Las organizaciones sindicales, concentradas en presionar para que el Gobierno tumbe la última reforma laboral, lo ven como medidas de distracción. Por no hablar de las reticencias hacia cambios en el sistema indemnizatorio. Mientras, los empresarios “no ven mal” el modelo, pero ponen en duda su viabilidad económica. Ni la Seguridad Social ni la mayoría de las empresas se lo pueden permitir, señalan.