Los fiscales replican a las defensas que están ejerciendo “la defensa de la democracia”
La primera intervención de la Fiscalía no permite pensar que tenga intención de rebajar sus conclusiones al final del juicio al ‘procés’
Después de que las defensas de los encausados por el procés subrayaran que este es un juicio político, ayer fue el turno de los fiscales, que quisieron dejar claro que están ejerciendo “la defensa de la democracia” y que a los independentistas no se les persigue por sus ideas porque pudieron defenderlas desde hace tiempo sin ser perseguidos penalmente.
La segunda jornada del juicio oral por el caso 1-O fue por entero de la Fiscalía, que exhibió sus armas. Intervinieron dos de los cuatro fiscales que han seguido el proceso desde su inicio, Javier Zaragoza y Fidel Cadena, quienes se volcaron en la defensa del papel que ha asumido la acusación pública en este procedimiento. Quisieron demostrar que la Fiscalía no cree haber exagerado nunca al sostener la existencia de un delito de rebelión. Hasta el punto de afirmar que el papel que han asumido en este asunto es el de la “defensa de la democracia”. Es difícil imaginar ahora que la Fiscalía vaya a rebajar sus conclusiones en la fase final del juicio.
Las intervenciones de Zaragoza y Cadena sólo se explican por el fuerte debate público que ha precedido a esta vista oral y por la intensidad de la contraparte, de los alegatos de las defensas, el día anterior. De ahí que donde los abogados de los acusados ven un juicio a la democracia española, los fiscales vean la demostración de su solidez. Hasta el punto de erigirse ellos mismos en defensores del juez instructor, Pablo Llarena, y del Supremo, atacados por las defensas como supuesto instrumento de una justicia sesgada, carente de imparcialidad.
Intervinieron también en la sesión la Abogacía del Estado y Vox, pero sólo como eco de la Fiscalía. Rosa Seoane, la abogada del Estado, negó que se aplique aquí un “derecho penal del enemigo”. Y Pedro Fernández, de Vox, cuestionó que se permitieran lazos amarillos en la vista, ya que Jordi Sànchez lo llevaba en su solapa. El presidente, Manuel Marchena, esperaba ese debate. Permitió el uso de ese “símbolo ideológico” en aplicación de la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, que condenó a Bosnia-Herzegovina y a Bélgica –“a Bélgica”, repitió con énfasis– por obligar a los intervinientes en otros procesos a desprenderse de “símbolos religiosos”. Y equiparó ambas situaciones para fundamentar su decisión.
El primero en tomar la palabra fue Javier Zaragoza. Lo cogió con ganas. Su tono fue el de ahora me vais a oír a mí. Y su tesis , que aquí no se han pisoteado los derechos de nadie, sino al contrario, que en este proceso se juzga a quienes atacaron los derechos de todos, cuando intentaron “derogar” en Catalunya la norma que garantiza la convivencia, la Constitución.
Zaragoza no improvisó ni una coma, ni una inflexión de voz. Hablaba a pocos metros de los bancos de los acusados, que le escucharon, pero apenas le miraron. El exfiscal jefe de la Audiencia Nacional soltó lo que llevaba meses esperando decir. A saber: que las defensas han escrito “libelos acusatorios”, con “una visión distorsionada de la realidad para desacreditar a la justicia española y la calidad democrática del Estado de derecho” mediante una “denuncia masiva de vulneración de derechos ridícula”, por exagerada. Pero no se juzga a libertadores, sino a “dirigentes que querían arrebatar las libertades” a otros, presentándose
LA TESIS DE LA REBELIÓN Los discursos de los fiscales no permiten pensar que rebajen sus conclusiones
LA DECISIÓN Marchena admite el uso de lazos amarillos en la sala, por ser un “símbolo ideológico”
ahora “como víctimas”, después de haber querido “quebrantar el orden constitucional” y “sentar en el banquillo al Estado”.
Pero no hay “derechos políticos al margen de las leyes”. Por eso “este es un juicio en defensa de la democracia”, porque las leyes “obligan a todos y en especial a los poderes públicos”. Ante el intento de “sustituir” la Constitución por leyes de desconexión, “la justicia penal tenía que reaccionar para restablecer la legalidad democrática” y reponer en sus derechos a una “mayoría silenciosa” que ya en la consulta del 9-N del 2014 no quiso participar porque era una tentativa igual de ilegal. Y no hay “una causa general contra el independentismo”, porque no se somete a juicio a ideología alguna, sino “los hechos gravísimos de septiembre y octubre del 2017”, la “reiterada desobediencia al Tribunal Constitucional y la movilización para imponer vías de hecho”.
“No se persigue a nadie por sus ideas –prosiguió–, sino por sus acciones. Los acusados llevan años defendiendo su ideario independentistas y nadie les ha perseguido por ello. Ser dirigente político no supone una patente de corso para derogar la Constitución y el Estatut en Catalunya y poner en marcha un proceso de segregación territorial al margen de la soberanía nacional”, ni justifica “utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes” haciendo de “muros humanos para proteger las urnas y los centros electorales”.
Aquí hubo una inflexión. Zaragoza fue consciente de que entraba en el terreno más resbaladizo, el de la existencia o no de violencia en esos hechos. Y dijo que a tales “muros humanos” se les “abocó al choque violento con la policía, creando un riesgo” para la seguridad personal de todos.
Y todo ello en paralelo a la decisión de “sustraer” de su obligada misión a los Mossos d’Esquadra, “17.000 hombres armados” –expresión que ya es un lugar común en este proceso, olvidando que el cuerpo es mixto–, en una actuación que implicaba “incumplir” la orden de impedir un “referéndum prohibido”. Zaragoza no se detuvo ahí. Tenía más cera puesta a arder. Y la volcó sobre las defensas. “La responsabilidad de los heridos no es de la policía, sino de quienes formaron los muros humanos”.
Zaragoza mostró la herida abierta con la justicia alemana. El tribunal de Schleswig-Holstein no entregó a Puigdemont –al que varias veces llamó “el procesado rebelde”– “incumpliendo la normativa sobre la euroorden”, porque la rebelión equivale al delito de “alta traición” en Alemania.
Además, el derecho de autodeterminación “carece de cobertura nacional e internacional”, y ni el Véneto ni Baviera han desoído a sus tribunales cuando les cerraron tal camino. Conclusión: “el diálogo es la base de la democracia”, sí, pero “en el marco constitucional”. Ya existió –dijo– el precedente del plan Ibarretxe, pero “el ejemplo no ha cundido”, y hubo en Catalunya un intento de secesión que “afortunadamente fue neutralizada”.
Fidel Cadena remachó todos los clavos puestos por Zaragoza, con martillazos doctos entre citas de Kelsen, favorecidas por su formación jurídica germánica. Bajo ese paraguas, dos tesis importantes: la inviolabilidad parlamentaria “no protege la comisión del delito”, y ante la ley “no hay atajos”, porque “colocarse fuera de la legalidad propende al autoritarismo”, al tiempo que “no hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional”, por lo cual “este juicio –dijo– es el del triunfo de la democracia”.