Reciclaje necesario
España es el país con la peor correspondencia entre demanda y oferta formativa
La OCDE ha dado la voz de alarma sobre la preocupante situación de la formación para adultos en España: dos tercios de los trabajadores no recibe el adiestramiento necesario para poner al día sus competencias laborales, factor que repercute en su empleabilidad.
La mitad de los trabajadores en España no participa en un adecuado programa de formación y de puesta al día de sus competencias laborales y ni tiene intención de hacerlo. A otro 16% le encantaría tener esta posibilidad, pero tampoco asiste a ningún plan de aprendizaje. Resumiendo: dos tercios de los adultos españoles no se están formando en absoluto ni aumentan sus conocimientos profesionales.
Así se desprende de un informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) difundido ayer. Y es un riesgo a largo plazo de consecuencias imprevisibles. Ante el auge de las nuevas tecnologías, la globalización económica y el envejecimiento de la población, la organización con sede en París considera que tanto la cantidad como la calidad de los empleos van a evolucionar.
No sólo es que ya no se tendrá el mismo trabajo para toda la vida, sino que las competencias profesionales adquiridas tampoco servirán para reciclarse, si no se mejoran y se ponen al día.
En el caso de España, además, la OCDE considera que es “muy urgente” poner en marcha programas de este tipo y por dos razones principales. Una es que el porcentaje de población anciana aumentará en los próximos años más que en el resto de países. El índice de dependencia alcanzará el 71% en el 2050. Segunda, porque el 51,9% de los trabajadores se enfrenta a un riesgo significativo de automatización.
Asimismo, la situación es delicada porque los que sí participan en la mejora de sus competencias laborales (un tercio del total de los adultos) son esencialmente quienes ya tienen ciertas capacidades. Los parados de larga duración, los adultos poco cualificados, quienes perciben salarios más bajos y tienen contratos precarios –es decir, el colectivo más necesitado– son los que menos se están formando. Así, el sistema es poco inclusivo. Y el ascensor social se bloquea.
En el caso español hay una losa añadida porque, según la OCDE, el 35% de la población tiene un bajo nivel de alfabetización y capacidad de cálculo numérico. Es decir, que el punto de partida es más bajo si se compara con otras sociedades.
Alessia Forti, economista del mercado de trabajo de la OCDE, señala además tres factores que dificultan el desarrollo en España. “Hay una falta de motivación entre los trabajadores. El 80% de las personas que no recibe formación cree que está bien así como está”, comenta. “Luego, incluso los que tienen interés se encuentran con una oferta confusa y fragmentada, entre Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, agentes sociales..., con lo que es difícil orientarse”. Y, por último –añade esta experta– “hay otras barreras, relacionadas con el coste del programa o el tiempo que puede dedicar el trabajador”.
Las empresas también son responsables de este desajuste. “Si bien la mayoría de las compañías españolas son capaces de prever sus necesidades futuras de competencias, los resultados de sus análisis se utilizan raramente para planificar la oferta de formación. De hecho España es el país con la peor correspondencia entre la demanda de competencia proveniente del mundo empresarial y la oferta de formación”, sostiene la OCDE.
En este sentido hay un dato especialmente llamativo: las encuestas afirman que sólo en el 48% de los casos, menos de la mitad, los trabajadores reconocen que la formación les ha sido útil. “Existe un problema en la calidad misma de la formación, porque en muchos casos no coincide con las exigencias reales”, dice Forti.
A escala global, es cierto que España está en buena compañía porque el reto que supone extender la adquisición del saber a lo largo de toda la vida laboral es común a la mayoría de las economías occidentales. En los países de la OCDE cerca de la mitad de los adultos no recibe formación y ni siquiera aspira a ello. El rasgo común es que las personas que desempeñan ocupaciones con más probabilidades de desaparecer se forman menos (un 41%) que los trabajadores que ejercen un empleo poco amenazado por la tecnología (un 59%).
La OCDE establece una serie de recomendaciones, desde proteger a los colectivos más débiles hasta garantizar una financiación pública o subvenciones fiscales para ayudar a las compañías en la puesta en marcha de estos programas. De otra manera, se corre el riesgo evocado hace siglos por el escritor François de La Rochefoucauld: “No saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse”.
Los trabajadores más débiles se forman menos, con lo que el sistema es poco inclusivo