Scott Morrison
El Gobierno se enfrenta a la decisión del Parlamento de mejorar las condiciones
PRIMER MINISTRO AUSTRALIANO
El Gobierno que dirige Scott Morrison ha decidido reabrir el centro de detención de inmigrantes de Christmas Island, de infausta memoria. Morrison responde así a la decisión del legislativo de dar derechos sanitarios a los demandantes de asilo.
Para muchos refugiados, el nombre de la isla de Navidad está ligado a la tragedia. Fue allí donde el Gobierno australiano abrió en el 2003 uno de sus infames centros para inmigrantes, en el que miles de ellos sufrieron durante años abusos y carencias de todo tipo. En el 2010, la isla copó titulares en la prensa mundial cuando 50 solicitantes de asilo procedentes de Irak e Irán murieron al estrellarse su barco contra las rocas. Finalmente, en octubre del año pasado, las autoridades clausuraron el centro tras recolocar a los últimos 35 detenidos que albergaban sus instalaciones, no sin que antes se produjeran sonadas protestas y disturbios.
Pero ahora, todo apunta a que sus puertas pronto volverán a abrir. “Hemos aprobado la reapertura del centro de detención en la isla de Navidad tanto para hacer frente a las posibles llegadas –de inmigrantes indocumentados– como a la posibilidad de hacer transferencias”, aseguró ayer el primer ministro australiano, Scott Morrison, en Canberra. “Mi trabajo es hacer todo lo que esté a mi alcance y el del Gobierno para garantizar que lo que el Parlamento ha hecho para debilitar nuestra frontera no provoque que los barcos –de inmigrantes– lleguen a Australia”, añadió.
Con sus palabras, el mandatario hacía referencia a la enmienda aprobada el pasado lunes para facilitar las evacuaciones médicas al territorio continental del millar de solicitantes de asilo y refugiados que Australia mantiene detenidos actualmente en Nauru y la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea. Sacada adelante gracias a los votos del opositor Partido Laborista y de grupos parlamentarios minoritarios e independientes, el texto concede al personal sanitario mayor poder de decisión respecto a la evacuación de aquellos refugiados detenidos que se encuentren enfermos, y tan sólo permite al Ministerio del Interior poner objeciones en el caso de que el paciente tenga antecedentes criminales serios o suponga un peligro para la comunidad.
Pese a que Morrison acusó a la oposición de “debilitar y comprometer nuestras fronteras”, obvió señalar que estas enmiendas sólo afectan a los migrantes que ya están detenidos en los campos y no a los que puedan llegar de ahora en adelante.
Scott Morrison señaló además que su Ejecutivo adoptará “el cien por ciento” de las recomendaciones hechas por los servicios de seguridad para evitar nuevas llegadas, aunque no quiso detallar ninguna de ellas más allá de la reapertura del campo de la isla de Navidad, que se halla a 1.500 kilómetros de la costa noreste del territorio continental australiano y a 350 kilómetros al sur de Indonesia.
Desde hace una década, la política oficial australiana establece que se tramiten en terceros países las solicitudes de asilo de los inmigrantes interceptados en el mar, no así las de los que llegan a Australia por avión. Para ello, se acordó la apertura de tres campos de detención en Papúa Nueva Guinea y uno en la isla de Nauru, unos lugares donde las condiciones de vida han sido catalogadas de “inhumanas” por la ONU y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que denuncian decenas de casos de humillaciones y abusos físicos y sexuales a los internos. Desde el 2013, al menos cinco personas se han suicidado en Nauru y otras siete en la isla de Manus.
El varapalo al Gobierno por parte del Parlamento se produce pocos meses antes de unas elecciones, previstas para mayo, en las que la coalición de centroderecha de Scott Morrison –antiguo ministro de Inmigración, precisamente– aparece por detrás de los laboristas en todas las encuestas.
Según los analistas, estos comicios vendrán precedidos de una amarga campaña que pondrá la lucha contra la inmigración ilegal y la seguridad nacional en el centro del debate.
La oposición logra sacar adelante que los médicos puedan evacuar de las islas a los internos enfermos