La democracia en el juicio
La primera intervención de las defensas sostuvo anteayer que a sus patrocinados se les habían vulnerado todos los derechos fundamentales, con la excepción del derecho de petición. Además, dio a entender algo que hemos escuchado a menudo: que a los acusados se les persigue por sus ideas.
Es algo legítimo como estrategia de defensa, a la que no hay que exigir rigor analítico sino eficacia en la tutela de los derechos de sus clientes. Ahora bien, esta tesis, que no comparto, resulta en todo caso demoledora para la imagen de España como democracia.
Los aspectos más controvertidos de la instrucción y de la prisión provisional pueden conculcar derechos fundamentales, y, si eso se acredita, significa un punto muy negativo para la reputación democrática de nuestro país. Pero podrían ser presentados como excepcionales, lo que no ocurriría si se consolidara la opinión de que el motivo de la acción penal se encuentra en la ideología de los procesados. Entonces las supuestas irregularidades de la instrucción serían vistas como el instrumento necesario para reprimir el independentismo. Y desde el exterior se pasaría de ver irregularidades en el proceso penal a percibir la persecución ideológica de ideas políticas. De la imperfección de la democracia a su ausencia, se podría decir.
No es de extrañar, pues, que el fiscal Javier Zaragoza se esmerara ayer en argumentar en sentido contrario. Esto es, que no se juzga al independentismo en la persona de sus líderes, sino ni más ni menos que ciertas conductas tipificadas como delito e imputadas a sus presuntos autores. Recordó que esos líderes llevaban años defendiendo públicamente postulados soberanistas, y que lo hicieron desde la legalidad y sin trabas para llegar al gobierno.
En cualquier juicio, como en cualquier debate, las partes enfrentadas buscan imponer su propio marco mental en la controversia. Es importante zafarse del que quiere establecer el adversario, porque, si lo consigue, serán sus ideas las que se desarrollen cómodamente. La presentación de las nuestras tendrá que empezar por combatir los prejuicios contrarios que destila el marco mental ajeno que nos condiciona.
El fiscal Javier Zaragoza ha empleado tiempo para no dejar pasar la idea de que el independentismo está criminalizado, porque, si lo hiciera, cualquier argumento concreto sobre la comisión de los delitos sería interpretado en función de la premisa de que España no es una democracia.
No en la vista oral, quizá, pero sí ante los medios internacionales y una parte importante de la opinión pública catalana. Por ello ha presentado su marco: este proceso no nace contra la democracia, sino para defenderla. Veremos si alguno de los dos marcos se acaba imponiendo.