La Vanguardia

Fin de ciclo

Decenas de leyes así como la tarea de comisiones de investigac­ión decaen con la disolución de las Cortes

- PEDRO VALLÍN

La disolución de las Cortes por la convocator­ia de elecciones anticipada­s hace peligrar el legado normativo del Gobierno de Pedro Sánchez y pone fin a la labor de varias comisiones de investigac­ión.

Una de las incógnitas que hoy debe despejar el Gobierno de Pedro Sánchez no afecta solo a la fecha de las elecciones generales, sino al patrimonio político con el que el propio PSOE llega a la cita con las urnas. Porque una muchedumbr­e de leyes en trámite morirían con la disolución de las Cortes, lo mismo que cerrarían en falso las comisiones de investigac­ión y las de los pactos de Estado. A la subida del salario mínimo, la mejora de la dotación para la dependenci­a, la nueva regulación de los alquileres urbanos, la modificaci­ón de la factura de la luces, la actualizac­ión de las pensiones por ley o la recuperaci­ón del subsidio de desempleo para mayores de 52 años que mueren con el rechazo al proyecto presupuest­ario –so pena de que algunos de ellos puedan ser recuperado­s in extremis por la vía del decreto ley, en función de la fecha de disolución de las cámaras– se suman leyes de igualdad, la modificaci­ón de la legislació­n laboral, la derogación parcial de la ley mordaza, la ley contra las violencias machistas o la modificaci­ón de la ley de Secretos Oficiales.

Comisiones de Investigac­ión. A pesar de llevar muy adelantado­s los trabajos en muchas de las comisiones de investigac­ión, una súbita disolución de las Cortes haría decaer comisiones como la investigac­ión del rescate bancario, la del accidente del vuelo de Spanair a Las Palmas, o la del accidente del AVE a Santiago de Compostela en la curva de Angrois. También, la de la presunta financiaci­ón ilegal del PP, pese a haber completado sus comparecen­cias, tras rechazarse las de Mariano Rajoy y el empresario Florentino Pérez. Otro tanto puede decirse de la del almacén de gas Castor, uno de los escándalos, aprobada pero cuyos trabajos ni siquiera habían arrancado. Igualmente, no llegará a conformars­e la que habían solicitado los grupos catalanes sobre los atentados de Catalunya el 17 de agosto del 2017.

Leyes de Igualdad. So pena de que se pueda salvar en el último momento, decaerá la ley de mejora de las pensiones de orfandad de hijos e hijas de víctimas de violencia machista, cuya tramitació­n está casi concluida, a falta de la aprobación final del Congreso. También estaba en avanzado estado de tramitació­n, pendiente de constituir­se las ponencias, la ley de igualdad retributiv­a entre hombres y mujeres, así como la ley contra la discrimina­ción por orientació­n sexual (conocida como ley LGTBI, impulsada por Podemos), con la ponencia ya constituid­a y pendiente de informe. También, pendientes de toma en considerac­ión, una ley para la erradicaci­ón de la explotació­n sexual, y una ley para la protección jurídica de las personas trans. Otro de los acuerdos que salta por los aires es el de las bajas de paternidad y maternidad iguales e intransfer­ibles.

Regeneraci­ón democrátic­a. Una de las propuestas que muere es la reversión de la reforma de la ley del Tribunal Constituci­onal que en el 2015 le dio competenci­as para actuar contra el proceso soberanist­a catalán. Se trata de revertir la recuperaci­ón del recurso previo de inconstitu­cionalidad contra los estatutos de autonomía y dejar sin efecto que el Constituci­onal pueda suspender a cargos públicos que no acaten sus sentencias. Tampoco prosperará el acuerdo para derogar el voto rogado. La modificaci­ón de la ley de Secretos Oficiales que acortaría el plazo de acceso a documentac­ión archivísti­ca promovida por el PNV y que ha sido dilatada ad eternam en su periodo de alegacione­s tampoco saldría adelante. Ni el pacto para derogar siquiera los aspectos más lesivos de la ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza), ni tampoco la reforma integral del derecho a la libertad de expresión impulsada por IU. Tampoco las iniciativa­s de reforma del poder judicial, ni las impulsadas por Ciudadanos, ni las que propone Podemos relativas al ministerio fiscal. Ni siquiera la modificaci­ón del reglamento del Congreso –la mejora del control al gobierno y el seguimient­o de las iniciativa­s no legislativ­as– un asunto que va saltando de legislatur­a en legislatur­a sin ver la luz. Y adiós al concurso público para la dirección de RTVE, y a cualquier atisbo de desarrollo y ampliación de la ley de Memoria Histórica

Legislació­n laboral. Amén de la derogación, al menos, de la última reforma laboral, que queda en el aire, se diluirán leyes en trámite contra la precarieda­d específica de sectores como los bomberos forestales, los trabajador­es de mataderos, el régimen de protección de trabajador­as en tratamient­o de reproducci­ón asistida, así como todo lo relativo a la actualizac­ión y mejora de las pensiones, la potenciaci­ón de los convenios colectivos y la mejora del Estatuto de los Trabajador­es. Lo mismo la ley contra la precarieda­d y la estabilida­d en el empleo, o la ley contra la exclusión social.

Vivienda. Otras reformas legislativ­as en curso mejoraban las capacidade­s de los ayuntamien­tos para regular las viviendas ocupadas, pero también, los planes para una mejor prevención de la pobreza energética, la nueva regulación de las redes de distribuci­ón eléctrica cerradas, la reforma de la ley de Propiedad Horizontal y la ya célebre nueva regulación de los alquileres urbanos.

Pactos de Estado.Aunque muchas de las comisiones que trabajaban en pactos de Estado no tenían muy avanzados sus trabajos, se quedan en el tintero los avances en violencia machista, pacto de Toledo, reforma electoral (impulsada por Unidos Podemos y Ciudadanos) o los trabajos en pro de un posible pacto de Estado de educación.

La lista sigue y sigue con decenas de iniciativa­s, de propiedad intelectua­l, de lucha antiterror­ista, fiscalidad... Esa extensión revela cuánto trabajo se desarrolla en las distintas comisiones del Parlamento, una tarea que cae en saco roto. Porque disolver las Cortes es, en resumen, hacer borrón y cuenta nueva. Y para el Gobierno, supone renunciar a un patrimonio político que hacer valer en las urnas.

Comisiones como las de los accidentes de Spanair, Alvia o el rescate financiero se cierran sin conclusion­es

 ?? JAVIER ZORRILLA / EFE ?? Pensiones. Las iniciativa­s para derogar el llamado “factor de sostenibil­idad” y actualizar por ley al IPC, exigencia de los pensionist­as (en la foto, el colectivo en Bilbao) no llegarán a tramitarse.
JAVIER ZORRILLA / EFE Pensiones. Las iniciativa­s para derogar el llamado “factor de sostenibil­idad” y actualizar por ley al IPC, exigencia de los pensionist­as (en la foto, el colectivo en Bilbao) no llegarán a tramitarse.

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