Afectados por los atentados reivindican sus derechos

El Ministerio del Interior no ha contestado a la mitad de las 104 solicitudes de reconocimiento de víctimas del terrorismo

Los atentados terroristas de agosto del 2017 en Alcanar, Barcelona, Sant Just Desvern y Cambrils se saldaron con 16 personas muertas y otro centenar heridas que requirieron asistencia médica de distinta consideración. ¿Y el resto? ¿Cómo se mide o valora la afectación de todas aquellas personas que estaban en alguno de los escenarios de los ataques yihadistas, que los presenciaron y que han podido sentir que su vida ya no es la misma? En esos límites complejos se mueven las administraciones para determinar quién es y quién no es víctima del terrorismo, con los derechos que ese reconocimiento conlleva. Ayer, el Ayuntamiento de Barcelona denunció que casi la mitad de las solicitudes presentadas aún no han tenido respuesta.

En su momento, el Ayuntamiento de Barcelona firmó un convenio con la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (Uavat) que durante los días posteriores a los ataques se dedicó a buscar a víctimas. Un trabajo que hicieron sus miembros, en una especie de puerta a puerta, buscando teléfonos, direcciones y tratando de identificar a todas aquellas personas que habían estado en alguno de los escenarios, y sufrían algún tipo de trastorno. Ya entonces se puso de manifiesto que las administraciones volvían a repetir los errores que se cometieron tras los atentados del 11-M en Madrid, en cuanto al trato a las víctimas.

Los equipos de psicólogos y trabajadores de la Uavat localizaron y prestaron distinta atención a 175 personas. En la mayoría de los casos, esas personas carecían de información sobre sus derechos, ni sabían que tenían un plazo para presentar la documentación que les otorgaba el reconocimiento de víctimas del terrorismo. De hecho, el Consistorio barcelonés trató de negociar con el Ministerio del Interior que se ampliara ese calendario. Pero el plazo se cerró al año como estaba previsto, lo que dejó fuera algunas solicitudes que llegaron después.

De todas las personas atendidas a través de la unidad financiada por el Consistorio, 104 personas presentaron distintas solicitudes al Ministerio del Interior. En algunos casos para ser consideradas víctimas del terrorismo, en otras para que se les financiara el tratamiento psicológico y en otras por daños materiales sufridos. Casi la mitad de las personas que pidieron ser reconocidas víctimas del terrorismo no han recibido ninguna respuesta. Una docena de peticiones han sido rechazadas. Un porcentaje alto de los solicitantes de ayudas no fueron atendidos en ninguno de los puntos de atención médica de la emergencia que se habilitaron inmediatamente después de los atentados. Los especialistas insisten en que en muchos de estos casos, las alteraciones psicológicas

vinieron después, incluso semanas o meses.

Es el caso que en julio del año pasado narró en estas mismas páginas Yolanda Ortíz. La tarde de los atentados, la mujer salía de tomar unas cañas y unos refrescos en la Boqueria con su madre, Carme, y sus hijos Iván y Daniela. Ya se habían incorporado al paseo cuando frente a ellos irrumpió la furgoneta conducida por uno de los terroristas. Lograron refugiarse en un bar, y desde ese momento, salvo el trato de un par de guardias urbanos, el sentimiento general fue de

abandono por parte de las administraciones, hasta que les vino a buscar el personal de la Uavat.

Los trabajadores de esa unidad llevan tiempo alertando de las consecuencias psicológicas para todas esas personas a las que la administración sigue sin reconocer sus derechos. Yolanda Ortiz transmitía muy bien en esa entrevista el abandono y cómo se había sentido durante todo este tiempo. “Durante meses sentí que me ignoraban porque sólo tenía el derecho de abrir la boca para agradecer que había sobrevivido”.

El Ayuntamiento, mediante la Uavat, atendió y comunicó sus derechos a 175 personas tras los atentados