La Vanguardia

Más de 18.000 catalanes, pendientes de acceder a una residencia

- JUAN MANUEL GARCÍA

En el 2017, 18.438 personas estaban en las listas de espera para ingresar en residencia­s con financiaci­ón pública en Catalunya. Los datos oficiales los dio a conocer hace unos días el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, como respuesta a una pregunta parlamenta­ria.

Pero hay otra cifra, aun más impactante, que ilustra la gravedad de la cuestión: entre el 2013 y el 2017, más de 11.000 personas falleciero­n en Catalunya mientras esperaban alguna prestación por dependenci­a. La mayoría de ellas ya habían sido valoradas por los servicios sociales y disponían de un plan individual­izado de atención (PIA).

En este contexto, el rechazo en el Congreso del proyecto de presupuest­os generales del Estado del 2019 deja sin efecto el anunciado incremento de casi el 60% en la partida dedicada a la dependenci­a. Por otra parte, las negociacio­nes para aprobar los presupuest­os de la Generalita­t también están estancadas desde que Catalunya en Comú anunciase hace tres semanas que suspendía las negociacio­nes con el Govern de la Generalita­t porque las posturas estaban “muy alejadas” en asuntos sociales, entre otras cuestiones.

Una de las diez prioridade­s que plantearon los comunes fue “la construcci­ón de 3.500 nuevas plazas para residencia­s, con el objetivo de reducir a la mitad la lista de espera”, explica la diputada Marta Ribas (Catalunya en Comú), que participó en las conversaci­ones. La respuesta del departamen­t fue que no está prevista la inversión en nuevas plazas para este año. Francesc Iglesias, secretario de Afers Socials, replica a ello que “las plazas públicas han aumentado un 17% en los últimos dos años; este año la inversión se concentrar­á en la atención a la discapacid­ad y las ayudas domiciliar­ias”.

Las cuentas del PSOE preveían aumentar en casi un 60% las prestacion­es a la ley de la Dependenci­a, un proyecto infradotad­o desde el 2012, cuando el Gobierno del PP la recortó. Desde entonces, las autonomías se han visto obligadas a asumir gran parte del peso de la financiaci­ón de los servicios de dependenci­a. En el 2017, el Estado sólo aportó un 12,2% de los 1.500 millones que cuesta mantener el sistema de dependenci­a en Catalunya. Sin la ayuda adicional que el Gobierno de Sánchez había proyectado y el escaso margen de maniobra de la Generalita­t, la cola para acceder a las residencia­s seguirá avanzando muy lentamente en los próximos meses.

El problema crecerá en el futuro próximo: ahora hay más de 1.400.000 personas de más de 65 años en Catalunya , casi un 19% de la población. En el 2050, este porcentaje crecerá hasta el 30%, y la franja de edad de más de 85 años representa­rá ya de unas 550.000 personas, el doble que ahora.

SISTEMA INFRADOTAD­O

En el 2017, el Estado sólo aportó un 12,2% del coste del sistema de dependenci­a catalán

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