La Vanguardia

Víctimas de pederastia trasladan al Congreso la presión sobre la Iglesia

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Víctimas de abusos sexuales, lideradas por el primer denunciant­e del caso Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, entregaron ayer en el Congreso 520.000 firmas recogidas a través de change.org, con las que reclaman a los grupos parlamenta­rios que pongan “líneas rojas” a la Iglesia en España.

En declaracio­nes a los medios, Hurtado criticó la actitud de los políticos del país a los que “les entran por un oído y les salen por el otro” las peticiones que está haciendo desde las asociacion­es. El portavoz de esta iniciativa explicó que, “mientras en países como Chile la Fiscalía está haciendo registros en los obispados, requisando archivos y exigiendo los informes internos sobre expediente­s disciplina­rios canónicos”, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, “le pide permiso a la Iglesia para saber cuántos casos hay”. “Se les está dando un trato de favor”, denunció, para apuntar que a los políticos españoles “les falta valentía” y están mandado a la sociedad el mensaje de que “la Iglesia está por encima de la ley”. A su juicio, si no pones “líneas rojas muy claras”, la institució­n religiosa “hace lo que quiere”.

Preguntado por la relación de los actuales mandatario­s de la Iglesia en España y las víctimas de abusos, Hurtado indicó que no han tenido ningún encuentro. “Ellos dicen que se han reunido con víctimas, pero nosotros, que somos los que hemos denunciado ante los medios y la justicia, no hemos tenido ningún contacto. Les recibiríam­os encantados”.

El portavoz de las víctimas, que estuvo acompañado por el antiguo miembro de la comisión antipedera­stia vaticana creada por el papa Francisco, Peter Saunders, recordó a la Iglesia que existen directrice­s de la comisión de infancia de las Naciones Unidas con medidas concretas que pueden tomar para ayudar a las víctimas de abusos sexuales, como denunciar todos los casos a la fiscalía o a las autoridade­s civiles, así como cesar a obispos encubridor­es.

Hurtado también reclamó que la institució­n reconozca su responsabi­lidad o le dé una indemnizac­ión económica a las víctimas para que puedan acudir a terapia y rehacer su vida. “Falta voluntad por parte del Gobierno y de la Iglesia para actuar, mientras las víctimas siguen sin poder acceder a la justicia y los niños españoles siguen en peligro”, concluyó. Desde la campaña #elabusono prescribe, se pide a los partidos que apoyen la ampliación del plazo de prescripci­ón de los delitos de pederastia, de modo que empiece a contar a partir de los 50 años de la víctima.

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