Trabajo confirma que prepara un decreto ley para la contrarreforma laboral
La patronal CEOE se opone a los cambios y mantiene conversaciones con los grupos parlamentarios para que voten contra la nueva norma
Magdalena Valerio, la ministra de Trabajo, confirmó ayer que el Gobierno prepara un real decreto, que deberá ser convalidado en el Congreso, para modificar la reforma laboral aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la CEOE buscan apoyos parlamentarios, el primero a favor y la segunda contra la nueva norma.
El Gobierno está dispuesto a sacar adelante en los minutos de descuento de la legislatura puntos claves en derechos laborales y en pensiones. Estos cambios sólo pueden llegar mediante decretos ley, por lo que el Ejecutivo ha de contar con apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados de cara a una imprescindible convalidación, y por ello negocia a contrarreloj. El calendario es ajustadísimo y el respaldo parlamentario, complejo.
Ayer desde el Ministerio de Trabajo aseguraban en que estaban a tiempo de introducir cambios legislativos antes de la celebración de los comicios del 28 de abril, tal y como adelantó el domingo La Vanguardia. Las medidas “más factibles”, aseguraron las citadas fuentes, son la ampliación del subsidio para desempleados a los mayores de 52 años y la extensión de la prestación por paternidad de cinco a ocho semanas.
En cuanto a los cambios sobre regulación laboral, los “más avanzados” –indicaron fuentes ministeriales– tienen que ver con la obligación de llevar un registro horario de jornada, la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa y aumentar la vigencia de un convenio caducado mientras se esté negociando (ultraactividad). Cabe la posibilidad de que en este paquete se acabe descolgando finalmente la modificación sobre las subcontratas. “Todavía quedan días”, defendió ayer la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. En una entrevista en Tele 5, la ministra afirmó que necesitaban dar un “empujón” para cambiar aspectos de la reforma laboral del PP, algo que ya habían consensuado con CC.OO. y UGT. Según explicó, las modificaciones pueden afectar tanto a la normativa laboral como a la regulación de las pensiones.
Si alguna de estas medidas se aprobaran en el Consejo de Ministros del próximo viernes a través de decreto ley, los diputados podrían convalidarlas en el último pleno de la legislatura, previsto para el jueves 28. En el caso de que el gabinete dé luz verde en las siguientes semanas, el aval de la cámara tendrá que recaer en una votación de la diputación permanente –donde los partidos que apoyaron a Sánchez en su investidura ganan justo por un voto–.
Todas estas modificaciones llegarán al Congreso sin consenso en el diálogo social, ya que la patronal se ha opuesto desde hace meses a su aprobación. Mañana miércoles la CEOE aprovechará la celebración de su comité ejecutivo para analizar la situación y es muy probable que lancen un mensaje de advertencia al Gobierno defendiendo lo inoportuno de emprender este tipo de reformas con unas elecciones a las puertas.
Mientras, Trabajo reconoce que sigue recabando apoyos entre los socios de investidura para garantizar el aval parlamentario a los cambios sobre la reforma laboral. Fuentes de PDECat admiten, por su parte, que habían consensuado un texto con el grupo parlamentario socialista. En todo caso, desde el Ministerio no descartaban ayer sacar estas modificaciones, con o sin votos suficientes, para que “se entienda como un gesto político” en plena precampaña.
En cuanto a las pensiones, en el Ejecutivo aseguran estar pendiente de que finalmente la comisión del pacto de Toledo llegue a un acuerdo antes de la disolución de las Cortes. Consideran imprescindible el apoyo de formaciones como PP o Ciudadanos para tomar la iniciativa y llevar a Consejo de Ministros la aprobación por decreto ley de la derogación de la reforma del 2013, para que por ley se vuelva de nuevo a vincular la actualización anual de las prestaciones con la evolución de los precios y eliminar el actual factor de sostenibilidad –suspendido hasta el 2023–. Sindicatos y patronal han sido convocados por el Gobierno a la mesa social de la Seguridad Social esta semana, donde es posible que analicen el texto definitivo antes de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros.
Cuando a finales del año pasado el Gabinete de Sánchez aprobó la subida de las pensiones de al menos un 1,6%, el texto recogía que había seis meses de plazo para elaborar un nuevo mecanismo de actualización y enterrar el que condenaba durante años a subir las pensiones sólo un 0,25%.
SIN LA PATRONAL
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REVALORIZACIÓN
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