Turull se enfrenta al fiscal
El exconseller, que declara hoy en el Supremo, responderá al ministerio público, a la Abogacía del Estado y a su defensa
El juicio por la causa del proceso independentista que se celebra en el Tribunal Supremo se reanuda hoy con el interrogatorio como acusado al exconseller de Presidència Jordi Turull, para quien la Fiscalía solicita 16 años de prisión por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos. Turull llevará a cabo similar estrategia a la del exconseller de Interior Joaquim Forn y en su interrogatorio va a responder a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, según fuentes de la defensa. No obstante, podría haber algunas diferencias en cuanto al discurso.
Una vez finalice la declaración de Turull, el siguiente será el exconseller Raül Romeva, ambos en prisión preventiva.
Fuentes de la sala ven complicado que durante las sesiones de esta semana se pueda finalizar con las declaraciones de los acusados, aunque dependerá de si responden sólo a sus abogados o si atienden también a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Se da prácticamente por asegurado que ninguno responderá a la acusación popular representada por Vox.
Una vez finalicen los interrogatorios a los acusados, empieza la ronda de las testificales. Estas mismas fuentes indican que están valorando no seguir el orden propuesto por la Fiscalía y que arranca con José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament; y sigue con David Pérez, del PSC, secretario de la Mesa del Parlament; Antoni Bayona, ex letrado mayor del Parlament, y Xavier Muro, secretario general del Parlament.
De la lista del ministerio público continúa Neus Munté, exconsellera de Presidència; José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad en el momento de comisión de los hechos, y Enric Millo, que era el delegado del Gobierno en Catalunya durante el 1-O.
De los dos primeros procesados que han declarado en este juicio, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras basó su interrogatorio en denunciar que es un preso político, mientras que Forn se limitó a defender su actuación durante el referéndum del 1 de octubre. Turull, en cambio, en su última intervención en el Tribunal Supremo, el pasado 18 de abril, durante su declaración indagatoria acusó al juez Pablo Llarena de encarcelarle por motivos políticos, una línea que no había seguido anteriormente.
“Señoría, este proceso no va de impartir justicia y menos con todas las garantías. Este proceso va de política y escarmiento. Y todo ello con un claro atropello que amenaza a los derechos básicos como el de la libertad de expresión, el derecho a reunión y manifestación”, dijo en aquella declaración, donde se calificó de “preso político”.
Además, Turull reprochó al juez instructor que con su auto de procesamiento por un delito de rebelión y su posterior encarcelamiento pretendía que renunciara a sus ideales. “Ya le digo que no lo voy a hacer. No voy a renunciar a mis convicciones políticas, a mis compromisos con los ciudadanos de Catalunya”.
En noviembre del 2017, defendió ante Lamela el diálogo; el pasado abril, se definió ante Llarena como preso político
En línea con sus declaraciones en fase de instrucción, tanto en la Audiencia Nacional como ante el instructor Pablo Llarena, Turull defenderá que el referéndum del 1 de octubre no fue delictivo porque está despenalizado, que no hubo violencia, por lo menos por parte de los organizadores y los votantes, y que la solución en Catalunya pasa por la negociación y la vía política.
El exconseller de Presidència ha ido modificando su discurso a lo largo del año que duró la instrucción. En su primer interrogatorio ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, en noviembre del 2017, Turull recordó que estuvo tres meses en el Govern. “En política se puede defender todo, pero nunca en mi vida he defendido la violencia”.
A favor del diálogo, la negociación y en contra de la violencia fueron sus líneas básicas en aquella declaración en la que sólo contestó a su abogado, Jordi Pina. Un mes después, cuando se envió la causa al Tribunal Supremo, el exconseller intentó convencer al juez Llarena de que no existía riesgo de fuga ni de reiteración delictiva para que le dejara en libertad, como así ocurrió.