Catalunya decide

La vehemencia consciente con la que Oriol Junqueras defendió el jueves pasado que su republicanismo le lleva a identificar el derecho a decidir con el derecho de los catalanes a optar en referéndum por la independencia es la que emplean también otros muchos para conferir naturalidad democrática a tan controvertible vindicación. Un reduccionismo que pasa por alto el valor de la pluralidad como bien superior de cualquier sociedad abierta. Junqueras aparecía dotado de una autoridad moral irrebatible en cuanto a la autenticidad de unas convicciones que acabaron conduciéndole a la cárcel por graves acusaciones. Pero tan extrema situación tampoco sirve de aval para que el independentismo se explique a sí mismo como la emanación ineludible de la sed de libertad de un pueblo del que el secesionismo se reclama intérprete único. Un mal persistente que se ha convertido en endémico. Con la promesa nada tranquilizadora –en palabras del líder de ERC– de que una vez alcanzada la independencia desaparecerá el independentismo. Anuncio verdaderamente místico que forma parte de las contradicciones en que se mueve un fenómeno que no alcanza a ser político, porque esa pretendida concesión a la sociedad abierta –la superación del independentismo a través de la independencia– promueve en realidad la metamorfosis de las gentes que no piensan así.

Resulta sugerente hasta qué punto la imposibilidad constitucional de hacer realidad el derecho de decisión en su variante independentista –un referéndum de autodeterminación sin paliativos– puede conducir a sus promotores a ser más decisivos que nunca en Catalunya y en el conjunto de España. Las manifestaciones del president Torra advirtiendo que “España no puede gobernar contra Catalunya” vienen a recordar, en el fondo, que “España no puede gobernarse contra Catalunya”. A la naturalidad con la que el independentismo habla en nombre de toda la comunidad, siempre y continuamente, se le une su confianza en que está y seguirá estando en condiciones de condicionarlo todo. De tal manera que la imposibilidad de llevar a efecto el referéndum legalmente, y el temor a volverlo a poner en práctica o hacer efectivo el recuento de la consulta del 1 de octubre del 2017 contra la legalidad, se ven compensados por la decisiva capacidad del independentismo para moldear la política española. Con su extraordinaria fertilidad en la generación de opciones partidarias que hacen precisamente de la existencia del independentismo la razón de ser de España. Un rodeo tan desconcertante para llegar al Estado catalán en forma de república que está mermando las fuerzas del secesionismo.

Otra de las paradojas del derecho a decidir en versión secesionista es que la autodeterminación reclamada se mueve a impulsos de la indecisión o actúa como subterfugio para disimular esta última. La tendencia a escurrir el bulto ante lo menos con el argumento de que no se le permite lo más forma parte de las evasivas más sofisticadas a las que recurre el ser humano. Administrar según prioridades las competencias de la Generalitat, optar por un marco presupuestario conveniente o definir la marca electoral con la que se pretende concurrir a los comicios de dentro de dos y de tres meses invita al ejercicio material del derecho a decidir. La indecisión y el comportamiento inercial al respecto no pueden achacarse a la carencia de un horizonte más despejado en clave de libre determinación. El problema es el inverso, porque es la clamorosa indecisión del independentismo gobernante ante lo inmediato la que obliga a dudar muy seriamente sobre la enjundia de la autodeterminación a la que dice aspirar. O, si se quiere, sobre el sistema pretendidamente político que trataría de engendrar para así dejar de ser independentista.

El derecho a decidir en su acepción independentista presenta además alguna otra paradoja. Por ejemplo, el secesionismo exige al Estado constitucional que le saque del atolladero en que se encuentra. Es la consabida transferencia de responsabilidades. Y como no lo hace, reacciona empujando al Estado constitucional hacia su propio callejón; a sabiendas de que podría dar lugar a la aplicación del 155. Cuando el independentismo se topa con la tozuda realidad de que no logra el apoyo expreso de la mitad de los catalanes, se reviste de soberanismo para alegar que son muchas las personas favorables al referéndum; o recurre a la amplísima mayoría social que se inclina hacia salidas o soluciones dialogadas. Pero lo hace desde una impasibilidad movilizada, desde la vivencia de un éxodo simulado, sin avance material alguno. De tal manera que acaba en manos de quienes no albergan otro propósito que alumbrar la independencia propia sobre la ruina moral de un Estado fallido; indiferentes ante la evidencia de que ello conduce a la implosión del independentismo.

El independentismo tiene la confianza de que está y seguirá estando en condiciones de condicionarlo todo