El apagón nuclear se retrasa
El Gobierno avala un cierre escalonado hasta el 2035
El Gobierno ha asumido que las centrales nucleares no podrán cerrar a los 40 años de su vida útil (lo que hubiera supuesto clausurar la última planta en el 2028). El apagón nuclear se retrasará. El Ejecutivo avala un plan para echar el cierre entre los años 2025 y 2035, según ha confirmado Teresa Ribera, ministra para la Transición Energética. Este es el marco temporal presentado a las compañías eléctricas, con las que se mantiene abierta una negociación. La previsión inicial era cerrar las nucleares al cumplir 40 años de vida útil, como recoge el programa electoral del PSOE. Pero ahora esto no se ve posible.
De los siete reactores que hay en servicio, cuatro prolongarían su vida hasta los 44 años (e irían cerrando hasta el 2030) mientras que los otros tres tendrían una prórroga mayor. La central de Cofrentes sobreviviría hasta los 48 años y se cerraría en el 2033, según algunas propuestas oficiosas.
La planificación del ministerio comporta un importante cambio de orientación respecto a los deseos expresados por la ministra Teresa Ribera al tomar posesión de su cargo. Diversas fuentes consideran inviable económicamente el cierre a más corto plazo, dados los ingentes recursos económicos necesarios para clausurarlas, y retirar, gestionar y confinar los residuos radiactivos. De hecho no está claro cómo se afrontarían estos costes. Las empresas eléctricas pagan un fondo a Enresa, compañía pública encargada del desmantelamiento. Pero las reservas disponibles son muy inferiores a los costes de estos desmantelamientos. El plan de Residuos de Enresa data del 2006 y por lo tanto debería ser actualizado. Esto significa que en la práctica es necesario alargar algo la vida de las centrales para que puedan generarse ingresos suficientes para acometer esta tarea. También se arguye que la empresa pública Enresa no está en condiciones de efectuar esta tarea “de golpe”, sino que debe hacerlo escalonadamente y de manera programada. El retraso en el apagón nuclear se justifica también en la conveniencia de ofrecer y garantizar alternativas económicas para los territorios del entorno de estas plantas que podrían verse afectadas por la medida. Se invoca además que falta personal técnico (ingenieros, operarios…) para llevar a cabo una tarea tan “descomunal” como supondría cerrar las centrales de golpe.
La planificación sobre el papel de la energía nuclear forma parte del plan de Energía y Clima que ultima el Gobierno, un documento en que se establece la estrategia para cumplir el acuerdo de París contra el cambio climático y donde detalla qué tendrá cada tecnología para lograr una descarbonización de la economía hacia mitad de siglo. El documento (junto con el proyecto de ley de Cambio Climático) debe ser aprobado por el próximo Consejo de Ministros.
La ministra Ribera ha ofrecido a las empresas eléctrica un marco temporal de cierre (entre el 2025 y el 2035) y ahora serán ellas (bási-
EN MANOS DE ENRESA
El coste económico es una de las claves para retrasar el desmantelamiento
camente, Iberdrola, Endesa, Naturgy) las que deberán ponerse de acuerdo para ajustarse a estas intenciones atendiendo a sus propios intereses y necesidades. Las empresas deberán considerar los costes de desmantelamiento y de las posibles inversiones adicionales que comportaría (por exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear) un funcionamiento más allá de los 40 años. “No hay un acuerdo cerrado. No se ha firmado nada”, dicen fuentes empresariales.
Pero ya han circulado algunas propuestas indicativas del calendario de cierre. Según éstas, la primera central que deberá cerrar será la de Almaraz I, en el 2027, seguida de su gemela Almaraz II, en el 2028. Se quiere que cuatro centrales dejen de operar antes de finales del 2030, por lo que Ascó II también echará el cierre antes de acabar el 2030. Para el siguiente quinquenio quedarían Cofrentes (2033), Vandellòs II (2034) y Trillo (2035). Con este calendario, Cofrentes permanecería 48 años en activo. La razón esgrimida es que esta planta funciona con un sistema de agua en ebullición (BWR), a diferencia de las demás, que son de agua a presión (PWR), una tecnología que obliga a efectuar dos recargas de combustibles anuales, en lugar de uno, como hace el resto. En este caso, el tiempo adicional en que la planta está parada no se contabilizaría para establecer su vida útil. Por eso, duraría hasta cumplir los 48 años.
La realidad es que los intereses de las empresas propietarias son diferentes. Endesa, propietaria principal de las centrales catalanas, apuesta por continuar la operación de las centrales “a largo plazo”, para acercarse a los 50 años de funcionamiento. Esta compañía, que ha planificado su amortización a 50 años vista, se resiste a dar por buenas las intenciones del Gobierno, con el argumento de que hay que dar prioridad a la garantía de suministro eléctrico, el precio de la luz y los recortes de emisiones de gases invernadero. Su consejero delegado, José Bogas, pidió la semana pasada que el plan del Gobierno se revise de manera permanente en función de cómo evolucione el sector, porque “no puede estar escrito en piedra”. Bogas alertó de que prescindir de la energía nuclear podría condenar a España a sufrir déficits de capacidad de producción eléctrica en el 2030, lo que en la práctica supondría que el sistema eléctrico se enfrentaría a un riesgo de apagones.
En cambio Iberdrola, principal accionista de Almaraz I, Almaraz II y Trillo, se aviene más a la planificación del Gobierno. Prevé amortizar sus centrales en 40 años, por lo que no tendría tantos inconvenientes en un cierre más adelantado. Un escollo adicional en este debate es que algunas centrales tienen una propiedad accionarial compartida, lo que complica los acuerdos, que deben tomarse por unanimidad.
Jaume Morrón, gerente de la Associació Eòlica de Catalunya (EolicCat), pronostica que las tres nucleares catalanas podrían ser las últimas en cerrar. Sus argumentos son que Endesa tiene una amortización prevista para sus nucleares a 50 años vista, y que en Catalunya “no se han hecho los deberes” para desarrollar las inversiones en materia de energías renovables que permitan suplir la energía nuclear.
Uno de los objetivos de la ley de Canvi Climàtic es que las fuentes renovables aporten el 50% de la demanda eléctrica en Catalunya en el año 2030. Sin embargo, al ritmo actual, sólo se cubriría el 40%, según se desprende de la planificación del Institut Català d’Energia, alega este experto.
LAS CONVERSACIONES
“No hay acuerdo”, dicen las eléctricas sumidas en plena negociación