La Vanguardia

La gestión de derechos ha de ser colectiva

- Antonio Fernández

La última reforma de la ley de Propiedad Intelectua­l ha mejorado la transparen­cia, supervisió­n y control de la actividad de las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectua­l. Las entidades españolas rinden cuentas de su actividad regularmen­te ante sus socios y ante el Ministerio de Cultura. Y en Europa más de un centenar de ellas cumplen a diario sus funciones con eficacia, rigor y transparen­cia. Por todo ello la comisaria de Economía Digital, Mariya Gabriel, recordó hace unos días que la propiedad intelectua­l es una clave de futuro para Europa y no debemos tirar al niño con el agua de la bañera.

La gestión colectiva de derechos fortalece a los creadores que, en la realidad del día a día, tienen siempre la posición más débil en las negociacio­nes con las empresas que se lucran explotando sus obras. En primer lugar, es el sistema de gestión de la propiedad intelectua­l más democrátic­o que existe, pues lo desarrolla­n entidades privadas sin ánimo de lucro que pertenecen a sus socios, los creadores.

Que las entidades de gestión carezcan de ánimo de lucro permite que gran parte de sus ingresos se reinvierta­n en beneficio de toda la sociedad. Así, llevan décadas dedicando parte de su recaudació­n a organizar eventos para la promoción de nuestra cultura en España y en el extranjero; a desarrolla­r programas de educación y formación de jóvenes talentos o de reciclaje de profesiona­les; a crear circuitos de actuación e interpreta­ción; a brindar asistencia social y sanitaria a miles de creadores, jubilados o no, en situación de dificultad; o a facilitar la participac­ión de autores y artistas en certámenes y festivales nacionales e internacio­nales.

Su carácter mutualista lo convierte además en el único sistema de gestión de la propiedad intelectua­l solidario con todos los perfiles de creadores, también con los menos exitosos y que, por tanto, no van a ser clientes rentables para los nuevos operadores de gestión independie­ntes (OGI).

Debido a todo lo anterior, la gestión colectiva es eficiente y transparen­te, por lo que es el modelo más justo y precisamen­te por todo ello el mayoritari­amente adoptado en Europa.

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