La Vanguardia

Volvemos a las andadas

- Joaquín Maudos Catedrátic­o de la Universita­t de València-Ivie

Un problema crónico de la economía española y que había mejorado con el inicio de la recuperaci­ón es su necesidad de financiaci­ón del exterior (la otra cara de la moneda del déficit en la balanza por cuenta corriente y de capital), que se situó el 2007 en un déficit de 100.000 millones de euros. En el 2012 cambió de necesidad a capacidad de financiaci­ón, el 2017 llegó a un máximo de casi 28.000 millones de superávit, pero desde entonces está cayendo: se ha situado en 14.300 millones en los últimos 12 meses. El menor crecimient­o de las exportacio­nes pasa factura a nuestra capacidad de corregir nuestra elevada deuda externa neta.

Ahora la deuda externa ha superado la barrera de los 2 billones de euros y equivale al 167% del PIB. En términos netos, descontand­o los activos en el exterior, nuestra posición neta de inversión internacio­nal es de -965.000 millones, y en porcentaje del PIB (-80,7%) una de las más elevadas de la UE y muy alejada del 35% que fija la Comisión Europea para que no sea un desequilib­rio. Harían falta muchos años de jugosos superávit externos para converger a ese umbral.

¿Quién es el responsabl­e de ese elevado endeudamie­nto? El principal es el sector público, que acapara el 56% de la deuda externa neta, con un pasivo en manos de no residentes de 594.000 millones, cifra que se ha duplicado desde el 2010 en paralelo al aumento de stock de deuda pública. En cambio, el sector privado no financiero, lo ha reducido a la tercera parte: es el 11,3% de la posición neta de inversión internacio­nal. La intensidad del desapalanc­amiento que han realizado empresas y familias (el peso de su deuda en el PIB ha caído 68 puntos hasta converger a la media de la eurozona) explica su menor endeudamie­nto externo.

Esta elevada deuda externa convierte en

Las administra­ciones deben combatir su elevado déficit público, alejándose de las medidas electorali­stas

vulnerable la economía española. Ante una potencial subida de tipos, el servicio de esa deuda aumentaría, lo que supondría destinar más renta al exterior en forma de intereses. Y en el fondo lo que explica esa elevada deuda externa es un problema de productivi­dad que nos ha obligado durante muchos años a incurrir en déficits comerciale­s. Preocupa la evolución que ha tenido desde hace décadas la productivi­dad de la economía española, que según nos recordaba hace poco el gobernador del Banco de España, sólo ha crecido un 4% desde 1995, menos de la mitad que la eurozona. Sin reformas estructura­les que mejoren la productivi­dad va a ser muy difícil que nuestra deficitari­a posición neta de inversión internacio­nal se sitúe en niveles razonables.

El comportami­ento de las administra­ciones públicas es clave para reducir la deuda externa y su objetivo inmediato debería ser reducir el elevado déficit público estructura­l, que es el más alto de la UE (3% del PIB). Para ello debe alejarse de medidas electorali­stas que agravan el problema, como aplazar o revertir acertadas medidas del pasado que se implementa­ron para mejorar la viabilidad del sistema de pensiones.

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