Rull y Bassa describen en su declaración la DUI como un acto político sin efectos
Cuatro exmiembros del Govern dicen desconocer cuál fue el origen de las urnas
La quinta jornada del juicio por el caso 1-O repasó los hechos de septiembre y octubre del 2017 con especial atención al proceso de elaboración de la declaración unilateral de independencia (DUI), el acto que desencadenó la querella de la Fiscalía por el delito de rebelión. Los exconsellers Josep Rull (Territori) y Dolors Bassa (Treball), los primeros en declarar, coincidieron en tratar de extraer la espoleta de este material potencialmente explosivo y presentaron la iniciativa como el abrelatas que debía permitir la negociación.
La tesis de que la finalidad del 1-O era desembocar en una etapa de diálogo fue sostenida también por la exconsellera de Governació Meritxell Borràs, tercera interrogada en la sesión hasta ahora más larga de la vista, que se prolongó durante casi 12 horas, con una parada de dos para el almuerzo. El cuarto interrogado fue el exconseller de Justícia Carles Mundó, que se centró en negar la malversación, delito del que está acusado, y en asegurar, sobre una posible desobediencia que también se le imputa, que una vez prohibido el referéndum no hizo nada para contravenir esa orden.
Los exconsellers admitieron, en todo caso, que recibieron los requerimientos del Constitucional
LA INTENCIONALIDAD
Los acusados afirman que su objetivo era forzar la negociación política con el Estado
LAS ACUSACIONES
La Fiscalía cuestiona que el Govern pretenda que no se usaron fondos públicos el 1-O
para que dejaran de actuar en pro del referéndum a partir de la anulación de las normas del Parlament que lo amparaban. La incógnita principal, por tanto, está en saber si las tesis sobre los objetivos de la DUI lograron traspasar la epidermis del tribunal. Se trata de una pregunta muy relevante, pero que permanecerá sin respuesta hasta que el Supremo dicte su sentencia. La Fiscalía mostró una abierta incredulidad ante estos planteamientos, tan radicalmente opuestos a sus tesis acusatorias. También la Abogacía del Estado exhibió sus recelos, sobre todo ante las afirmaciones de los cuatro exconsellers en el sentido de que la Generalitat no gastó “ni un euro de dinero público” en la organización del 1-O.
El interrogatorio del exconseller de Territori Rull discurrió en parte en torno a la DUI, y la versión que proporcionó el acusado es que esta iniciativa supuso la expresión de una “voluntad política”, con la que se perseguía cumplir un compromiso con los ciudadanos y un mandato del Parlament, y desde la convicción de que no sería objeto de “reproche penal” alguno.
Por tanto, más que buscar la efectividad de la declaración, se intentó utilizar el recurso a la DUI como la palanca que forzara al Estado a negociar. También lo explicó, de forma especialmente llana, la exconsellera de Treball Bassa, quien dijo que “el referéndum nunca se previó como un acto concluyente”.
Rull, a su vez, identificó dicha iniciativa como “una declaración política, formal, solemne”, pero cuya “fuerza” radica en que expresaba “una voluntad política en los términos en que el legislador despenalizó” este tipo de convocatorias. La respuesta esperada, por tanto, era la apertura de un proceso de diálogo que nunca llegó, porque lo que sí se produjo fue la aplicación del 155 y la suspensión de la autonomía. Según Rull, lo que se quería para el día después de la DUI era, en cambio, “sustanciar todo este planteamiento político”, dentro del “juego democrático”.
Bassa explicó que “hasta el último momento pensamos en la negociación y el pacto” y recordó que el día 26 de octubre el propio expresident Carles Puigdemont pensaba en convocar elecciones, antes de que Junts pel Sí y la CUP presentaran un texto de declaración de independencia y otro en contra del 155. Esta iniciativa respondía a otro pacto previo entre ambos grupos para celebrar un referéndum “como un compromiso entre las instituciones y la ciudadanía”, en el bien entendido de que –reiteró Bassa– “nunca fue un acto concluyente, y menos para la independencia”.
Hasta ahora, estas versiones no han convencido al Supremo. No lo lograron con el magistrado instructor, Pablo Llarena, ni luego con la Sala de Apelaciones. En ambos casos el mantenimiento de la prisión preventiva de los exconsellers se ha basado en el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, es decir, de que se mantuvieran los planes de secesión unilateral.
La Fiscalía –representada ayer por los cuatro fiscales del caso, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, que se sucedieron en los interrogatorios– sigue desde luego en esta tesis, suavizada por la Abogacía del Estado desde que rebajó sus acusaciones de rebelión a sedición. Esta parte acusadora, a su vez, se centró ayer en tratar de demostrar la malversación. Pero los cuatro exconsellers se mantuvieron firmes en su negativa sobre el empleo de dinero púbico para el 1-O.
La abogada del Estado, Rosa Seoane, preguntó a Bassa cómo creía entonces que se podría organizar materialmente el referéndum, y sólo consiguió que la exconsellera dijera que se reservaba la respuesta. Bassa insistió en que se trataba de “un acto para llegar al diálogo, para poder desembocar en una negociación y un pacto. Si mucha gente iba a votar, esto nos ayudaba en la negociación. No se planteó como una insurrección, sino como algo pactado, con acuerdo, y la prueba es que estamos aquí y no está la independencia”.
El relato más pormenorizado fue el de Rull sobre las razones por las que no pudo atracar en el puerto de Palamós el buque que albergó a la Policía enviada para impedir el 1-O. El consignatario de la nave manifestó que era para reparar los camarotes, sin pedir atraque como barco de Estado, lo que le habría dado prioridad. Luego se supo que la finalidad era muy distinta.