El Gobierno aprieta a Podemos para lograr aprobar sus últimos decretos
El Ejecutivo no ve ahora viable elevar el permiso de paternidad a 16 semanas
“Este Gobierno no cierra”, afirmó ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. Pedro Sánchez quiere aprovechar los últimos compases de la legislatura para intentar aprobar, por la vía exprés del decreto ley, una batería de medidas sociales emblemáticas antes de que la ciudadanía acuda a las urnas el 28 de abril.
El Consejo de Ministros del próximo viernes, según confirman fuentes gubernamentales, aprobará así el decreto ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres comprometido por la vicepresidenta, Carmen Calvo. Y, pese a que el documento no está todavía cerrado, fuentes del Gobierno advierten, no obstante, de que dicho decreto ley no podrá incluir la ampliación progresiva del permiso de paternidad hasta las 16 semanas, porque ahora no lo consideran “viable”.
Dicha medida estaba prevista en el acuerdo presupuestario que Sánchez y Pablo Iglesias sellaron el pasado mes de octubre, con el que Unidos Podemos hizo bandera. El proyecto era que el permiso de paternidad sería de 8 semanas en el momento en que entrara en vigor, aumentaría a 12 semanas en el 2020 y llegaría hasta las 16 semanas en el 2021. Pero en el Gobierno consideran que ahora no es posible asumir dicha medida en el decreto ley que se aprobará el próximo viernes.
La pretensión del Ejecutivo es, no obstante, que la formación morada no tumbe las últimas iniciativas de Sánchez. Y Calvo está analizando minuciosamente los decretos leyes que aún puedan ver la luz. En el Gobierno citan, entre las medidas que sí se intentarán aprobar antes de que la legislatura expire, el subsidio para parados de más de 52 años o las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores de dependientes. Sánchez también quiere eliminar así algunos de los aspectos que considera más lesivos de la reforma laboral del PP del 2012 y aprobar las medidas de contingencia ante un Brexit sin acuerdo. Pero el Gobierno asume que, en estos momentos finales, ningún grupo le garantiza ningún respaldo. Aunque algunas de estas iniciativas sociales serían de difícil rechazo por parte de una mayoría del Congreso.
Sánchez decidió que no tenía sentido prolongar la legislatura, después de que ERC y el PDECat no le permitieran ni siquiera tramitar los presupuestos. Pero fijó las elecciones para el 28 de abril, precisamente, para disponer aún de un último plazo para poder sacar adelante algunas iniciativas que considera muy importantes. El problema es que precisamente el descarrilamiento
Calvo está analizando ahora qué medidas se podrían convalidar en el Congreso: ningún apoyo está garantizado
de los presupuestos, que era el estandarte al que se aferraba Unidos Podemos, y la inminencia de la campaña electoral empujan a la formación morada a tomar distancia. Ya lo comprobó Sánchez en sus propias carnes esta semana, cuando las portavoces moradas en el Congreso y el Senado, Irene Montero y Pilar Garrido, le dispararon fuego de artillería en las sesiones de control. Sánchez, a su vez, echó en cara a esta formación haber dinamitado el acuerdo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el pacto de Toledo, y les pidió rectificar.
Celaá inició ayer su habitual comparecencia semanal tras el Consejo de Ministros, precisamente, apretándole las tuercas a Unidos Podemos. Así, aseguró lamentar que “la palabra desahucio vuelva a ser una dolorosa realidad en nuestro país”, a raíz de la ejecución de varios desahucios en Lavapiés. “La política no ha llegado a tiempo para evitar este nuevo drama que afecta a personas humildes, que espera de nosotros una respuesta ante la ruina y los recortes provocados por la crisis”, subrayó. Y recordó que el Gobierno propuso un decreto ley sobre alquileres que podría, a su juicio, haber imposibilitado los desahucios de ayer. Pero dicho decreto ley, subrayó, “no obtuvo la convalidación del Congreso”. No dijo más, pero fue precisamente Unidos Podemos el que tumbó esta iniciativa el pasado 22 de enero.