Actos y símbolos
Los exconsellers del Govern coinciden en que el referéndum y la DUI fueron declaraciones políticas
Los nueve exmiembros del Govern de la Generalitat ya han declarado ante el Tribunal Supremo por el procés. Ya se pueden extraer las primeras conclusiones. Una: que el carácter de determinadas decisiones y hechos que ocurrieron en septiembre y octubre del 2017 en Catalunya tenían marcha atrás, según la versión de los políticos. La ley de Transitoriedad, el referéndum, la declaración unilateral de independencia (DUI) eran más símbolos que actos, siempre en busca del diálogo con el Gobierno central. Dos: nadie pagó la consulta, ni fabricó papeletas, ni sabía dónde estaban las urnas, ni conocía cómo se hizo el censo. Tres: no hubo violencia. Cuatro: no reconocieron ninguna acusación, excepto conocer las advertencias del Tribunal Constitucional, que para ellos no tenía autoridad. Esta es la versión de los nueve exconsellers casi unánime; casi, porque hubo una voz discrepante, Santi Vila.
Martes 19
Ponderación y autodeterminación
El dilema: ¿cómo respaldar un referéndum que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) había ordenado impedir y que el Tribunal Constitucional situaba fuera del ordenamiento jurídico? Jordi Turull, exconseller de Presidència, dijo que con “ponderación”; ponderando el cumplir el mandato judicial con el derecho a votar. Difícil equilibrio que es uno de los nudos del proceso. Ponderando una cosa y otra se fue avanzando para llegar al 1-0.
En realidad no es sólo eso, es también un choque de legitimidades. Al día siguiente, Josep Rull, antiguo conseller de Territori, retomó este argumento para señalar que la elección era entre el imperio de la ley y principios democráticos, lo cual lleva inexorablemente a una pregunta: ¿hay democracia sin ley? En esos mismos días hubo respuestas contrapuestas a esta cuestión. Una, de Quim Torra: prima el mandato democrático. Otra, de Felipe VI: sin ley no hay democracia.
Raül Romeva, exconseller de Exteriors, defendió el referéndum de la misma forma que abogó por el derecho de autodeterminación, que aseguró que la Constitución española permitía. Y se lo dijo al Tribunal Supremo, que le juzga por rebelión, entre otros delitos.
Miércoles 20
Canadá y el Constitucional
En este momento ya había una cosa clara: todos los exconsellers que contestaron al fiscal aceptaron que recibieron providencias del Tribunal Constitucional en las que les advertían que incumplir sus decisiones podía tener consecuencias penales. Lo que pasa es que, para ellos, el TC goza de poca credibilidad. “No tiene autoridad moral”, según Josep Rull. En cambio, el Tribunal Supremo de Canadá sí que es bueno, aunque el problema es que sus sentencias no tienen validez en España.
Pero no sólo se habló de filosofía política, también de hechos concretos. Todos los exconsellers, como Turull, Romeva, Rull, Bassa, Borràs, Vila o Mundó, negaron con firmeza que el referéndum se hubiera pagado con dinero público. “Ni un céntimo”, dijo Bassa. Tanto Turull como Rull insistieron en que Hacienda controlaba las cuentas de la Generalitat y que era imposible desviar fondos. Tampoco se pagaron facturas por publicidad. Nadie sabía por qué Unipost tenía datos censales de ciudadanos, ni quién había elaborado el censo universal. Las urnas se presentaron públicamente, pero tampoco conocían dónde estaban. Simplemente se confió en que aparecerían en el momento oportuno. En su derecho a la defensa, nadie sabe cómo se hizo de verdad el referéndum, porque ellos no fueron.
En cuanto a los locales, Bassa explicó que tuvo un aluvión de peticiones para llevar a cabo actividades en los centros cívicos en ese fin de semana del referéndum: partidas de ajedrez, bailes para gente mayor, butifarradas... ¿Cómo iba a negarlas? Eso sí, les dijo que a las seis de la mañana del 1-O todo el mundo tenía que haberse ido. Ponderando, como dijo Tu- rull: cumplir con los jueces y con los votantes.
Jueves 21
Mediación, diálogo y violencia
La violencia es el núcleo del delito de rebelión. Jordi Sànchez, exlíder de la ANC, defendió vehementemente que no la hubo ni ante Vicepresidència durante el registro del 20 de septiembre, ni en el 1-O. Bueno, sí, aquí sí, pero por parte de la Policía y la Guardia Civil. Su entidad llamó a participar en concentraciones, en las votaciones y a hacer cola ante los colegios electorales desde las 5 de la mañana. El encono entre él y el fiscal y las argumentaciones hicieron intervenir al presidente del tribunal, Manuel Marchena, quien fijó cómo irían las cosas: uno pregunta, el otro responde y los magistrados decidirán con qué versión se quedan.
En ese día se contradijo la metáfora de la silla vacía, esa que el Estado no quiso ocupar para hablar. Santi Vila, exconseller de Empresa, aseguró que él la llenó; que tras el referéndum Puigdemont le encomendó buscar una salida y que negoció con el Gobierno, con el PSOE y con prohombres de la Iglesia y de la economía. Desde sus interlocutores había interés en evitar el choque de trenes. Se llegó a un pacto: elecciones a cambio de olvidar el 155. El 25 de octubre se acostó tranquilo, pero el 26 se asomó al abismo: las redes estaban repletas de acusaciones de cobardía y traición. Y vino el naufragio.
Al juicio le falta un largo trecho por cubrir y, aunque parece que los fiscales han dudado en algunos momentos, medios de las defensas explican que están convencidos de que a partir de ahora es cuando sacarán toda la artillería, con los testigos. A estas alturas ya se ven cosas. Por ejemplo, que el único que ha querido sentarse con su abogado es Oriol Junqueras, mientras que el resto han preferido que se visualice que están en el banquillo. Otra: que sólo Junqueras y Romeva no han querido contestar a acusadores y que nadie quiere hablar con los letrados de Vox, a los que no se oirá hasta la semana que viene. Y que Santi Vila funciona al margen del resto, y que el resto lo tratan con poco afecto.
Actos y símbolos. Se ha visto esta semana. La ley de Transitoriedad era por si acaso se llegaba a un acuerdo con el Estado. El referéndum no fue concluyente, dijo Bassa. En realidad fue una movilización política, explicó Vila. La DUI “es la expresión de una voluntad política”, señaló Turull. “Una declaración política para seguir negociando”, detalló Romeva. De ser así, si son símbolos y no actos, la cuestión es entonces por qué hay 12 acusados y siete que se fueron tras la DUI. La duda es qué pasó en Catalunya en septiembre y octubre del 2017. Santi Vila expresó: “Todos podríamos haber sido más responsables”.