Una ley para poner (por fin) las cosas en su sitio
La reforma de la ley de Propiedad Intelectual aprobada este jueves aporta, entre otras mejoras, mayores garantías para la justa remuneración de los creadores y un refuerzo de las normas de transparencia y buen gobierno de las entidades de gestión, especialmente en lo que respecta a trazabilidad, recaudación y reparto de derechos.
Es una reforma positiva, en primer lugar, porque promueve el necesario equilibrio en las negociaciones entre los creadores de los contenidos y las grandes empresas nacionales e internacionales, desde las más tradicionales hasta las más avanzadas tecnológicamente, que los comercializan y distribuyen.
Pero también porque aporta, además de las medidas más llamativas, avances socialmente trascendentes: incorpora al ordenamiento jurídico español, por poner un ejemplo, la directiva 2017/1564, que incluye una nueva excepción al derecho de autor para favorecer el acceso a publicaciones impresas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. En la práctica esto supone que no habrá que solicitar autorización a los titulares de los derechos de propiedad intelectual de libros para editarlos en formato braille o como audiolibro, siempre y cuando sus destinatarios sean los beneficiarios de esta excepción.
Además, y no es baladí, la ley viene a poner las cosas en su sitio, recuperando la senda de razonabilidad que se perdió con la reforma del 2014, un experimento legislativo que provocó incontables problemas a causa de su inexplicable deficiencia técnica: desde un sistema de copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo hasta una orden de metodología para la determinación de las tarifas generales de propiedad intelectual que creó una innecesaria conflictividad entre las entidades gestoras de derechos y los usuarios de sus repertorios y tuvo que ser anulada por el Tribunal Supremo.
Los gobiernos de PP y PSOE de la presente legislatura han reconducido la situación y la aprobación el jueves de la ley debería ser vista como una gran oportunidad.
Dos enmiendas destacan por su trascendencia: la que introduce el pago a cuenta, lo que compensará la enorme ventaja que tienen los operadores al poder explotar los contenidos culturales sin tener que pagar las correspondientes licencias; y la que equilibra la composición de la sección primera de la comisión de Propiedad Intelectual (CPI), lo que mejorará la eficacia y eficiencia imprescindibles en un organismo que debe ser verdaderamente independiente para velar por la equidad de las tarifas en lugar de ser utilizado como excusa para no pagarlas.
“La reforma promueve el necesario equilibrio en las negociaciones entre creadores de contenidos y grandes empresas”