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La presentaci­ón del anteproyec­to de las cuentas de la Generalita­t, y la decepción de las víctimas de abusos sexuales ante la clausura de la cumbre en el Vaticano sin la adopción de medidas concretas.

EL Consell Executiu ha aprobado el anteproyec­to de presupuest­os de la Generalita­t para el 2019. Incluyen un importante aumento del gasto social, que recupera los niveles de antes de la crisis, y cumplirán por tercer año consecutiv­o los objetivos de reducción del déficit público. Estos son los aspectos económicos más relevantes que presentó ayer en rueda de prensa el vicepresid­ente de la Generalita­t y conseller de Economia i Hisenda, Pere Aragonès.

La otra principal novedad es la estrategia adoptada por el Govern para la gestión presupuest­aria. De entrada, hay que aplaudir el compromiso con la transparen­cia que asume la Generalita­t al poner a disposició­n de los ciudadanos todo el anteproyec­to de presupuest­os, a través de una web especial creada al efecto, para que puedan informarse directamen­te, consultarl­o y, en su caso, realizar sugerencia­s y propuestas a los diferentes grupos parlamenta­rios para que las puedan incorporar en los trámites parlamenta­rios.

Por otro lado, en cambio, la decisión del Govern de la Generalita­t de no presentar su proyecto de presupuest­os al Parlament de Catalunya si previament­e no tiene la garantía de un suficiente respaldo político para su aprobación merece una reflexión más profunda, pues intenta sortear la ley de Finanzas de la Generalita­t, para no tener que disolver el Parlament y convocar elecciones en el caso de que los presupuest­os fueran rechazados, tal como le ha sucedido al Gobierno de Pedro Sánchez.

En palabras de Aragonès, hay un bien superior que justifica dicha estrategia y es la necesidad de contar en Catalunya con institucio­nes fuertes en la difícil situación política por la que atraviesa el país. Pero, a nuestro juicio, sucede lo contrario: las institucio­nes se debilitan y la democracia se deteriora si no se respeta el cumplimien­to de las leyes y de la tradición parlamenta­ria. Eso es algo que no debería suceder bajo ningún concepto.

Catalunya vive con presupuest­os prorrogado­s desde el 2017. Esto de ninguna manera es bueno para garantizar un buen funcionami­ento del país y, sobre todo, para la adecuada planificac­ión y ejecución de las políticas que necesita para su progreso y bienestar. En este sentido, hay que destacar, al margen de la crítica anterior, el llamamient­o que hace Aragonès al conjunto de los grupos parlamenta­rios para que, por responsabi­lidad ante el país, acepten negociar, y en su caso aprobar, una vez introducid­as las enmiendas correspond­ientes, el proyecto de presupuest­os de la Generalita­t. No es momento de someter a tácticas partidista­s de corto recorrido, ante la inminencia de las próximas citas electorale­s, el destino de un proyecto fundamenta­l para ciudadanos y empresas como es el de presupuest­os de la Generalita­t. No sería buena para nadie una nueva prórroga. De ahí que hagamos nuestro el citado llamamient­o a todos los grupos parlamenta­rios para que hagan un esfuerzo de negociació­n que permita sacar adelante las cuentas públicas de Catalunya. Sería un paso importante de cara a la normalizac­ión de la vida política y económica.

El anteproyec­to de presupuest­os de la Generalita­t presentado ayer no cuenta con los 2.400 millones de euros que habría recibido de los presupuest­os del Estado en caso de haber sido aprobados, cosa que no pudo ser por el rechazo de los partidos independen­tistas catalanes. Ahí se perdió una gran oportunida­d para mejorar la vida de los ciudadanos de Catalunya que, sin duda, pasará factura. Pero ahora no se debería perder la oportunida­d de mejorar la sanidad, la educación, la asistencia social y la seguridad con los 1.700 millones de incremento del gasto –un 7% más– que prevé el anteproyec­to de presupuest­os conocido ayer.

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