Salarios mínimos
El aumento del salario mínimo interprofesional (SM en adelante) para el 2019 de 734 a 900 euros por mes en 14 pagas es la medida de política económica más trascendente de las propuestas hasta ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez. Su adopción marcaría una dirección para nuestra economía; sus consecuencias repercutirían, con intensidad variable, en todos los ámbitos de la sociedad. Es por ello que vale la pena dedicarle nuestra atención.
La reacción casi mecánica a la propuesta es que un aumento del SM crea desempleo. Esa respuesta tiene, naturalmente, un elemento de verdad. La magnitud del aumento (un 22%) hace pensar que el efecto sobre el empleo puede ser apreciable, aunque su impacto exacto no es conocido. Con todo, es una respuesta insuficiente, porque el efecto posible sobre el empleo no basta para zanjar la cuestión y descartar la propuesta. Veamos por qué.
Admitamos que el aumento del SM cause la pérdida de algunos puestos de trabajo: unos desaparecerán, otros pasarán a la economía sumergida. ¿Qué empleos serán esos? Aquellos que pertenezcan a actividades que no puedan, o no quieran, soportar unos salarios de 900 euros al mes, equivalentes a 12.600 euros anuales. Los datos de salarios indican que nuestro salario medio está muy por encima de esa cifra (23.156 euros anuales en el 2016), pero ese promedio oculta grandes diferencias, tanto sectoriales como regionales: en Andalucía y Extremadura, la mitad de los asalariados perciben un salario en torno a los 12.000 euros anuales, el 10% más bajo de la distribución; en Extremadura algo menos de la mitad. Los colectivos afectados pueden, pues, ser numerosos, de modo que el SM deberá ser modulado geográficamente, como ocurre en otros países de estructura federal, y en algunos casos deberá ser complementado, como cuando se trate de empresas de inserción, que pretenden colocar a sus alumnos en el umbral del mercado de trabajo.
Pero la necesidad de complementar un aumento del SM con otras medidas no debe hacernos olvidar que España es un país de salarios bajos; nuestro salario medio es un 11% inferior al de Francia, y está muy concentrado en la franja de salarios más bajos. Esa estructura salarial no basta para financiar las prestaciones sociales a las que decimos tener derecho. Miquel Puig ha calculado que, a lo largo de su vida laboral, un mileurista paga con sus impuestos algo menos de la mitad de lo que recibe en prestaciones de educación, sanidad y dependencia; el resto lo pagan los impuestos sobre las rentas superiores a los 1.200 euros/mes, y si falta algo, se financia, de momento, con deuda pública. Ya se ve que esta situación no puede durar eternamente: “Un mileurista es un mal negocio para la sociedad”, escribe Miquel Puig (Un bon país, p. 155).
Algún empresario dirá que los salarios son bajos porque la productividad es baja. Pero ¿y si fuera al revés? Si su empresa sobrevive con una baja productividad, ¿no será precisamente gracias a los bajos salarios? Algunos ejemplos históricos sugieren que ese ha sido a veces el caso. Así, por ejemplo, la mecanización del hilado de algodón que está en la raíz de la revolución del textil no empezó en Bengala, que en 1750 producía cuarenta millones de toneladas de hilado de algodón, sino en Inglaterra, que sólo producía dos millones, y eso fue sencillamente porque, comparados con el precio del capital, los salarios eran mucho más altos en Inglaterra, de modo que sólo la mecanización permitía competir a los ingleses. Años más tarde, cuando la tecnología era perfectamente conocida, había muchos más telares mecánicos en Inglaterra que en Francia, donde un nivel de salarios algo inferior hacía que el incentivo a ahorrar mano de obra no fuera tan apremiante. No hace falta decir que en Bengala no se había instalado ninguno, no por razones culturales o políticas, sino porque no salía a cuenta. En resumen: un salario alto puede estimular, no el despido, sino la innovación, y un salario bajo puede desembocar en una economía cómodamente instalada en actividades de baja productividad, con prestaciones sociales rudimentarias, y con empresarios que invierten sus excedentes en comprar pisos ya construidos. Nuestro país no soportará por mucho tiempo una economía así.
Un aumento significativo del salario mínimo es, ante todo, una señal que marca la dirección en la que el Gobierno quiere que se mueva nuestra economía. A mi entender, es una señal acertada. En un país tan diverso como el nuestro hay pocas medidas económicas que puedan generalizarse. Como he indicado, esta necesita ser modulada; en su aplicación hay que escuchar las voces de las regiones y de los sectores. La resultante de tanto escuchar ha de ser un movimiento ascendente de nuestros salarios. La reacción, no un aumento del paro, sino un aumento, perfectamente posible, de la productividad. Es el camino seguido por aquellos países a los que queremos parecernos.
Un movimiento ascendente de sueldos puede traducirse en un aumento perfectamente posible de la competitividad