El gran debate

Se mire hacia donde se mire, nuestra sociedad vive un novedoso conflicto entre derechos y libertades. La sociedad desarrollada, propia de las democracias más avanzadas, ha consolidado un creciente número de derechos que los ciudadanos ejercen con reforzada convicción. De hecho, no se trata tanto de catalogar o descubrir nuevos derechos como de leerlos de forma diferente por comparación con el sentido y la ambición que se daban a estos derechos hace unos años. El ciudadano, amparado por un apoyo legal, judicial y doctrinal, ha aprendido a ejercitar expansivamente sus derechos, haciéndolos presentes en los aspectos más diversos de la vida social. Los derechos de cada uno ya no son una mera y solemne declaración formal, sino que generan exigencias, reclamaciones; justifican ambiciones, imponen nuevos comportamientos, actitudes, hábitos. En una palabra, de los derechos declarados o reclamados estamos pasando a los derechos ejercitados.

Este fenómeno es altamente positivo. De hecho, el Estado de bienestar no es sólo un progreso medido en magnitudes económicas; hoy, este inventario de derechos tiene incluso más relevancia que aquellos parámetros económicos. Es más, se acepta generalmente que el progreso económico requiere aquel marco de derechos como condición indisociable del propio progreso. En todo caso, la experiencia lo demuestra así: no hay ningún desarrollo económico que se pueda construir al margen de un amplio y eficaz reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Asistimos, por tanto, a una expansión creciente del patrimonio de los derechos del individuo.

Lógica y consecuentemente, esta expansión introduce o acentúa un debate entre la compatibilidad de los derechos y las libertades entre ellos mismos, para garantizar su legalidad y el principio de la seguridad jurídica. Cada vez más, el derecho de unos puede entrar –y a veces entra– en colisión con los derechos de otros. Aquella vieja teoría de que mi derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro se hace más difícil de precisar y delimitar. El equilibrio entre unos y otros conforma el gran –o uno de los grandes– debates de la contemporaneidad. ¿Hasta qué punto la libertad de expresión puede invadir la dignidad de la persona? ¿Cómo el derecho de huelga puede afectar a la libertad de los que no la hacen? ¿Cómo garantizar sin perjudicar? Todas estas cuestiones y muchas más están en el origen de muchos de los conflictos que nuestra sociedad ha de vivir en el presente. No es un debate teórico; es una gran cuestión cargada de consecuencias prácticas. Ciertamente, detrás del debate descansa una gran controversia ideológica que viene a ocupar el espacio que desde finales del siglo XIX ha opuesto a reformistas y revolucionarios.

Más que el sistema económico, lo que se está debatiendo es el modelo social. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué se discute? ¿Dónde está el poder? La crítica generalizada a las instituciones, al establishment político, al concepto difuso del poder, es el resultado –o el escenario– del debate sobre cómo establecer un difícil equilibrio entre derechos y libertades. La priorización de unos sobre otros no es irrelevante; es la esencia de un debate que marcará la orientación del cambio social en los próximos años. Seguramente, todo junto, acentuado y acelerado por el cambio tecnológico y la sociedad digital que nos hacen a todos más vulnerables. Pero el debate está y estará en cómo resolver el equilibrio entre los derechos y las libertades que la sociedad contemporánea ha logrado y ahora quiere consolidar. Gran y difícil debate. Pero imprescindible.

La crítica generalizada al concepto difuso del poder es el resultado

del debate sobre cómo establecer un difícil equilibrio entre derechos

y libertades