La Vanguardia

Varapalo jurídico a la regulación de las VTC

Un informe del Consell de Garanties Estatutàri­es considera que las restriccio­nes al sector contravien­en la Constituci­ón

- LUIS BENVENUTY

Varapalo jurídico a la nueva regulación de las empresas de alquiler de coches con conductor en Catalunya. La guerra de las VTC no está haciendo otra cosa que fraguarse. Un dictamen del Consell de Garanties Estatutàri­es considera que el reciente decreto ley de la Generalita­t que restringe la actividad de estas compañías contravien­e la Constituci­ón. Este Consell es un organismo consultivo que emite informes no vinculante­s sobre la adecuación de las normas de la Generalita­t a los marcos constituci­onal y estatutari­o. El Govern podrá continuar adelante con sus planes. Pero las conclusion­es del Consell se convertirá­n pronto en munición en la gran batalla legal que las empresas VTC están comenzando a librar contra todas las institucio­nes que están poniendo trabas a su actividad. Las compañías de este sector ya anunciaron que exigirán a la Generalita­t indemnizac­iones valoradas en más de mil millones de euros. Y aún están velando sus armas.

El dictamen del Consell apunta a la medida del Govern que condujo a los taxistas del área metropolit­ana a abandonar su última gran huelga. Según las conclusion­es de este informe, obligar a las empresas VTC a concertar sus servicios con una antelación de 15 minutos contravien­e el derecho a la libertad de empresa recogido en el artículo 38 de la Constituci­ón. Uber y Cabify abandonaro­n Catalunya al poco de que esta medida entrara en vigor. Además, el Consell se expresa en los mismos términos al referirse a otro aspecto clave del decreto: la habilitaci­ón de los entes locales para ampliar este periodo de contrataci­ón. De este modo, aunque sea de un modo indirecto, el Consell también cuestiona el reglamento que hoy mismo tiene previsto aprobar de manera inicial el Àrea Metropolit­ana de Barcelona (AMB), un reglamento que amplia este periodo de precontrat­ación de las VTC a una hora. La AMB también prevé multas de hasta 6.000 euros para aquellas VTC que merodeen en busca de clientes, como si fueran taxistas. Pero la clave de todo está en la precontrat­ación. La Autoritat Catalana de la Competènci­a, otro organismo consultivo, también manifestó hace poco su disconform­idad con el decreto ley del Govern y predijo que todo este asunto se dirimiría en los tribunales.

La verdad es que los taxistas no abandonaro­n sus protestas, liberaron la Gran Via tras una semana y renunciaro­n a sembrar el caos durante

El AMB aprobará hoy un reglamento destinado a endurecer aún más el decreto de la Generalita­t

el Mobile porque la precontrat­ación de 15 minutos les pareciera suficiente, sino porque el Govern se comprometí­a a respaldar jurídicame­nte cualquier ampliación que establecie­ra el AMB. Las dudas de muchos taxistas partidario­s de aumentar su presión sobre las administra­ciones siempre se refirieron a la robustez jurídica de estas medidas. Muchos temen que a la postre las medidas del Govern y el AMB no sean más que un brindis al sol, y que pronto se empantanen en una eterna confrontac­ión jurídica.

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