Forcadell alega que el TC ordenó censurar al Parlament
“Yo no participé de ninguna estrategia”, responde la expresidenta de la Cámara Cuixart describe el 1-O como un “acto de desobediencia civil”
Carme Forcadell y Jordi Cuixart cerraron ayer el turno de declaraciones de los procesados en el juicio del 1-O. Ambos se aferraron a un mismo argumento, el de que todas sus decisiones estuvieron guiadas por la voluntad de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y sus representantes tanto en el Parlament, en el caso de su expresidenta, como en la calle, en el caso del presidente de Òmnium.
Este ha sido el eje argumental de la práctica totalidad de los procesados, al que el Supremo deberá dar respuesta con su sentencia. Terminado el ciclo de declaraciones de los acusados, ha quedado en la sala de plenos del Supremo el eco de una concepción de la democracia que no admite otro límite que “el respeto a los derechos humanos”. Lo expuso ayer en el juicio con estas palabras la propia Forcadell, en respuesta a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, sometió a marcaje los interrogatorios. El Supremo no quiere dilaciones. Fiscales y abogada del Estado recibieron latigazos de la presidencia, en evitación de reiteraciones y circunloquios. Y también Cuixart, por su tendencia al lenguaje coloquial, sazonado con frecuentes “interjec-
ciones”, como Marchena llamó a las “hòsties” y “collons” con los que el presidente de Òmnium sazonó sus explicaciones.
La fiscal, a su vez, buscó que la expresidenta del Parlament admitiera haber desoído las advertencias y requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) para cerrar el camino a los proyectos independentistas. Y no tuvo que esforzarse mucho en ello, porque Forcadell admitió que en defensa de su concepto de derechos fundamentales y de las prerrogativas de la Mesa del Parlament, desechó la opción de establecer “la censura” en la Cámara catalana. “Yo no participé en ninguna estrategia”, dijo para explicar que su misión era dar cauce a los debates, no impedirlos.
En algunos momentos, el interrogatorio subió de tono, porque, a juicio de Madrigal, no es comprensible ni justificable que la Mesa de una asamblea parlamentaria se arrogue funciones que no le corresponden. “¿El intérprete de la Constitución es usted o el Tribunal Constitucional?", preguntó Madrigal. A lo que Forcadell respondió que “el Gobierno español ha desoído al Constitucional en numerosas ocasiones, y este mismo tribunal en otras épocas ha desobedecido al TC”, porque “han tenido que valorar bienes superiores”, y precisamente “eso es lo que nos pasaba a la Mesa” del Parlament.
Forcadell echó raíces en este tipo de argumentos. “La Mesa –dijo– no puede limitar ni controlar el debate parlamentario. La palabra en el Parlamento tiene que ser libre, no se tiene que valorar la constitucionalidad (de una resolución) hasta que se haya terminado todo el trámite. El TC nos estaba pidiendo una cosa que es imposible. La Mesa no puede convertirse en un órgano censor”
Madrigal inquirió entonces si Forcadell creía que un Parlamento puede “regular la trata de personas". Y Forcadell se revolvió y recordó: “Eso ya me lo planteó usted” durante la instrucción, pero “entonces me preguntó si cabría regular la esclavitud”. De nuevo, la declarante se agarró al mismo clavo ardiendo. “El único límite es respetar los derechos humanos. Yo respeto al TC. Ningún miembro de la Mesa tenía en la voluntad de desoír los mandatos del TC. Valoro los avances del Constitucional sobre derechos humanos. Pero en los últimos años ha habido una politización del TC, en relación con Catalunya, con la sentencia del Estatut. Unos artículos fueron declarados inconstitucionales, y en otros estatutos se consideraron perfectamente constitucionales”. Forcadell se vino arriba en este punto, y lanzó otro puñal al TC. “Para resolver sobre Catalunya, el Constitucional se ha reunido a veces muy deprisa, y en cambio algunos de mis compañeros llevan más de un año esperando que se pronuncie sobre su prisión preventiva”. Y añadió que “en otros momentos, “las sentencias nos las anunciaban miembros del Gobierno”.
En cuando a la declaración unilateral de independencia (DUI), Forcadell también utilizó la línea argumental de otros procesados, en el sentido de que se trató de “una declaración política sin consecuencias jurídicas". Y en relación con su presencia el día 20 en la Conselleria d’Economia, dio una explicación sucinta. “Fui –afirmó– a dar ánimos al vicepresidente Junqueras”.
Cuixart, a su vez, se mostró muy locuaz a lo largo de toda su declaración. Se presentó como un empresario de ideología independentista, al frente de una sociedad con 70 trabajadores y que accedió a la presidencia de Òmnium sin retribución, como toda la directiva. La entidad –dijo– mantuvo plena autonomía con respecto a los partidos políticos. Su compromiso personal, en todo caso, estuvo siempre –añadió– con un proceso “pacífico y democrático” hacia la independencia de Catalunya, y con esa premisa actuó en relación con los hechos de la Conselleria d’Economia y el referéndum del 1-O. En ningún caso -afirmó reiteradamente– se utilizó la violencia en estas convocatorias.
El fiscal Jaime Moreno persiguió a Cuixart por todas las hojas del calendario de esos meses, y el presidente de Òmnium se mostró tan escurridizo como pudo. No porque dejara de contestar, sino porque sus explicaciones fueron siempre la otra cara de la moneda que le mostraba su interrogador. O la versión inofensiva de los mismos hechos. Así, donde el fiscal vio una convocatoria para dificultar o impedir la tarea de una comisión judicial encargada de registrar la citada conselleria, o un referéndum ilegal, Cuixart describió una “protesta” ciudadana masiva, en ejercicio de derechos fundamentales”, donde “la única violencia” fue la que practicaron la Policía y la Guardia Civil. Y ello desembocó –dijo– “en el mayor acto de desobediencia civil de Europa”.
EL PRESIDENTE DE LA SALA
Marchena sometió a marcaje a Fiscalía y Abogacía del Estado, para evitar repeticiones
EL ARGUMENTO
El presidente de Òmnium afirma que la única violencia fue de Policía y Guardia Civil