Un juez para la exhumación de Franco porque puede “dañar a personas”
El juzgado frena la licencia de obras por una demanda particular
La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos se encontró ayer con un nuevo obstáculo. El juzgado de lo contenciosoadministrativo número tres de Madrid, mediante un auto emitido el 25 de febrero, suspende de forma provisional la licencia urbanística para proceder con la exhumación del dictador tras aceptar una demanda de un particular que pedía paralizar cautelarmente la licencia de obras. El Gobierno admitió ayer que este nuevo tropiezo pueda retrasar la exhumación.
El juez, José Yusty Basterreche, entiende que, según el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, existen dudas acerca de las condiciones de seguridad de la operación. “No hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es peligroso”, escribe.
El juez, que se califica de “profano en la materia”, detalla el proceso de la operación de exhumación para justificar las garantías de seguridad que exige y considera “decisivo que se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, dos mil kilos de peso. Ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso por el riesgo evidente de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas que realicen las obras”, dice el juez.
El magistrado argumenta su decisión con los informes de dos arquitectos, José Ismael de la Barba y Enrique Porto Rey, que advirtieron de que en el informe del Ayuntamiento “falta un riguroso análisis de seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura”.
El Ayuntamiento dispone de hasta hoy para alegar en defensa de su informe. José Yusty Basterreche es conocido por su oposición a la ley de Memoria Histórica. En el 2007 escribió un artículo contra dicha ley, que calificaba de “proyecto sectario y divisorio”. El juez Yusty fue también quien dictó la suspensión de un acto organizado por el Govern en el Ayuntamiento de Madrid en el 2017 en favor del derecho a decidir.
Conocido el auto del juez, el Gobierno emitió una nota de cinco puntos en el que en el primero asegura que “el expediente de inhumación de Francisco Franco continúa su tramitación con absoluta normalidad, cumpliendo la ley y observando los plazos y restos de garantías procedimentales. Los juzgados de lo contencioso administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros”.
En el segundo punto, el Gobierno afirma que el auto que ha acordado la paralización se ha tomado “sin siquiera haber escuchado al Ayuntamiento”. El Ejecutivo considera “estar en presencia de un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático. Hasta ahora nos constan doce demandas judiciales, de las que en siete se han rechazado las medidas cautelarísimas pedidas”.
Por último, el Gobierno dice que “estos procedimientos judiciales, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar en su caso la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación, fase en la que nos encontramos y que precisa aún de otros trámites administrativos”.
El juez es conocido por su oposición a la ley de Memoria Histórica, que considera “sectaria y divisoria”