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La decisión de Theresa May de aceptar un retraso de la fecha de salida del Reino Unido de la UE, y el cambio de tercio en el juicio del 1-O con las declaraciones de los testigos.
NUEVO giro en la historia interminable del Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, anunció en los Comunes que permitirá que el Parlamento vote un retraso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea si la Cámara rechaza su acuerdo con Bruselas y un divorcio no pactado.
Obligada a mover ficha para evitar la enésima rebelión interna, la premier se ha visto en la necesidad de cambiar de estrategia. Su acuerdo con Bruselas para abandonar la Unión será votado el día 12. Si es rechazado, al día siguiente se votará si el Reino Unido debe irse de la UE sin acuerdo alguno. Si la votación exige que no haya divorcio sin un plan de salida, May planteará el día 14 una moción proponiendo retrasar la fecha oficial de salida, el 29 de marzo, posibilidad a la que ella misma es reacia y por ello anunció que si se acuerda un aplazamiento debería ser por un periodo “corto y limitado”. May acepta a su pesar un retraso, sigue pensando que su acuerdo con Bruselas es el mejor posible y hasta el día 12 intentará arrancar alguna concesión a la UE que llevar a la Cámara. Pero ya ve inevitable el aplazamiento y ahora su objetivo es que sea lo más breve posible. En concreto ha puesto el mes de junio como fecha límite, pues de ir más allá el Reino Unido debería participar en las elecciones europeas de mayo.
A May no le ha quedado más remedio que renunciar a que la iniciativa legislativa esté en manos del Gobierno y dejar que sea el Parlamento quien decida en última instancia si se pide un retraso para el Brexit. De no haberlo hecho, se exponía a nuevas fugas de diputados tories e incluso de algunos miembros de su Gobierno. Con esta decisión intenta calmar a los moderados que no desean una salida sin acuerdo y, al tiempo, no enojar a los partidarios del Brexit que quieren mantener viva esa amenaza.
En lo que sí volvió a ser tajante May es en su rechazo a un segundo referéndum, pues, a su juicio, dividiría aún más al país, y por ello criticó duramente al líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, que el lunes manifestó que su partido aceptaría una segunda consulta popular. El anuncio de Corbyn tenía como principal objetivo evitar la fuga de diputados sufrida estos días. Corbyn, instalado en la ambigüedad, no desea otro referéndum, pero ha tenido que ceder, pues hasta 70 diputados laboristas habían expresado su apoyo para celebrar una segunda consulta que, hoy en día, presenta más incertidumbres que certezas, pues habría que debatir en la Cámara qué se preguntaría a la ciudadanía y qué opciones se le darían, incluyendo la que prevea que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea.
Si el Parlamento aprobara finalmente retrasar la salida de la UE, debería pedir una ampliación del artículo 50 del tratado de Lisboa, que ahora fija el 29 de marzo como fecha para consumar el divorcio. La pregunta es si un retraso de tres meses servirá para que al fin los Comunes aprueben un acuerdo final sobre la salida o si no hará más que prolongar un trimestre la situación de incertidumbre. La UE, por boca del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha dicho que ve “racional” la iniciativa de un aplazamiento, que debe ser aprobado por unanimidad por los veintisiete estados miembros, entre los cuales hay dudas sobre cuánto tiempo de retraso habría que conceder a Londres y qué se podría negociar con el Gobierno británico.
May se ha pasado dos años diciendo que el Reino Unido saldría de la UE con un acuerdo y en la fecha acordada. De esa promesa seguramente no quede nada en dos semanas. En tres votaciones será el Parlamento, no May, quien decidirá entre salir de la UE en la fecha prevista –con o sin acuerdo– o pedir una prórroga.