El juicio del 1-O entra en otra fase

JORDI Cuixart y Carme Forcadell declararon ayer en el juicio del 1-O. A ambos les pide la Fiscalía una pena de diecisiete años de prisión. El presidente de Òmnium Cultural reivindicó ante el Tribunal Supremo la desobediencia civil y los derechos fundamentales, en un alegato en línea con su activismo. La expresidenta del Parlament negó en su declaración haber participado en ninguna estrategia hacia la independencia. Las siete sesiones del juicio desarrolladas hasta la fecha han generado cierto optimismo entre los acusados. Ha cundido la impresión de que el cargo de rebelión (que requiere “alzamiento violento y público”) aplicado a alguno de ellos no se sostiene y que quizás el Supremo lo reducirá al de sedición (“alzamiento público y tumultuoso”), que comporta penas inferiores. Esto ya se verá.

Pero no es menos cierto que ayer terminó un primer tramo del juicio y que ahora empieza uno de distinto signo. Porque ya no serán alegatos defensivos, de tono técnico o político, lo que se oirá en el Supremo, sino las declaraciones de un total de 246 testigos. Entre ellos, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, expresidente y exvicepresidenta del Gobierno central, o el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, todos ellos convocados, por cierto, para la sesión de hoy. En días posteriores comparecerán ante el Supremo una serie de personas que incluye desde altos funcionarios gubernamentales hasta policías y guardias civiles. Y no cabe vaticinar que la mayoría de estos testimonios contribuya a mejorar la suerte de los acusados.

En lo que llevamos de juicio, los encausados han dejado claro que el referéndum por la independencia no fue mucho más que una movilización popular sin violencia, y que la DUI tuvo más de declaración de intenciones que de proclama con efectos prácticos. Estas afirmaciones de los procesados podrían ayudar a suavizar la condena, en caso de que esta acabe produciéndose. Pero, como apuntábamos, resulta a priori improbable que algunos testigos, como, por ejemplo, la secretaria judicial que se vio retenida en la sede de la Conselleria d’Economia el 20 de septiembre del 2017, valore aquellos hechos del mismo modo que algunos encausados. O que los policías o guardias civiles que cargaron contra los manifestantes consideren en todo caso la actuación de estos últimos como exclusivamente pacífica.

En resumen, el juicio del 1-O entra hoy en otra fase. Los acusados no volverán a intervenir en él hasta que se haya escuchado a todos los testigos convocados. Para entonces, las impresiones pueden ser otras.