La ley que exige esterilizar a perros, gatos y hurones, al TC
El PP recurre la norma porque “abre la puerta a prohibir la caza”
La polémica ley de protección de los animales de La Rioja, que obliga a los propietarios de perros, gatos y hurones a esterilizarlos bajo control veterinario, llegará al Tribunal Constitucional. El Gobierno de la comunidad autónoma, del PP, presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad a esta norma, que fue aprobada hace tres meses por el Parlamento riojano con el apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos y Cs, con el voto en contra del Grupo Popular.
Los populares están en contra de esta “falsa” ley porque “no trata de defender a los animales” sino que significa “un paso atrás en las tradiciones” del mundo rural y “desprotege los ecosistemas”, según explicó el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, fue más contundente y acusó a “los comunistas” de querer implantar un “arma arrojadiza” para “abrir la puerta a la prohibición de la caza”.
El recurso de inconstitucionalidad se refiere expresamente a artículos que regulan cómo debe ejecutarse el sacrificio de animales de compañía, determinando qué profesional es el habilitado para hacerlo y cuáles son los espacios en los que tiene que llevarse a cabo. También se recurren las disposiciones relativas a las actuaciones de inspección y registro, que facultan a los funcionarios que velen por el cumplimiento de la normativa a “acceder libremente, sin previa notificación, a todo establecimiento, instalación o medio de transporte con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de lo establecido”. Respecto a la obligatoriedad de inscribir todos los animales en un libro de registro oficial, el PP entiende que “impone obligaciones adicionales que no son necesarias y que vulneran la garantía de la unidad de mercado”.
La apelación llega días después de que la plataforma ciudadana No a la ILP Animal, que defiende los intereses de ganaderos, taurinos y cazadores, entregara 28.000 firmas en el Parlamento de La Rioja para pedir la derogación de la ley. Los representantes de esta iniciativa lamentan que la norma entrara en vigor sin el necesario consenso social y en contra de la opinión de varios colectivos, como los criadores, los veterinarios o los agricultores.
Respecto a esta cuestión, García Egea aseguró que la normativa autonómica tiene una “ideología en torno al medio ambiente claramente excluyente con aquellos que trabajan y viven en el mundo rural”. “No hay nadie que quiera proteger más a los animales que los cazadores, los ganaderos y la gente que se dedica al campo”, insistió.
Por ello, el PP se posiciona “frontalmente” a los partidos que apoyan esta ley y promete que será “un muro de contención para evitar que esas ideologías entren en el campo” con la intención de “disfrazar” una realidad que, a su juicio, “no existe”.
El objeto de la ley, según las formaciones políticas que la impulsaron, es garantizar la protección, el bienestar y la tenencia responsable de animales, así como luchar contra el maltrato. La normativa prevé algunas obligaciones de los propietarios inéditas, como la imposición de pasear a las mascotas al menos dos veces al día, la necesidad de comunicar la pérdida de los animales de compañía registrados en menos de 48 horas o la exigencia de presentar en el plazo de una semana el certificado de defunción del animal, expedido por un veterinario y haciendo constar las causas de su muerte.
Una plataforma de ganaderos, taurinos y cazadores ha reunido 28.000 firmas en contra de la norma