Valerio renuncia a cambiar por decreto las pensiones
El Gobierno siembra dudas sobre la contrarreforma laboral
Los cambios en el sistema de pensiones tendrán que esperar a la próxima legislatura. A pesar de los mensajes reiterados de que seguirían trabajando hasta el 28-A, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo que reconocer ayer que no podrá tumbar la reforma de las pensiones del 2013 a golpe de decreto ley. “No es voluntad del Gobierno hacer una reforma unilateral”, admitió la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
La marcha atrás se produce, explicó la ministra, después de constatar la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales. Tampoco ha ayudado, aseguró, el descarrilamiento la semana pasada del pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.
La idea de volver a la actualización de las pensiones con el IPC y de eliminar definitivamente el polémico factor de sostenibilidad con las elecciones ya convocadas contaba con el respaldo de los sindicatos CC.OO. y UGT. Sin embargo, en las últimas semanas la patronal ha mostrado su rechazo hacia estas medidas, sobre todo desde que se hizo público que se iban a tomar mediante decreto ley. La ministra de Trabajo confesó ayer que llevaba “con dolor que hayamos dejado por el camino” un acuerdo sobre pensiones. “Hubiera sido bueno para el sistema –defendió–, que está complicado”, para a renglón seguido hacer referencia al déficit que arrastra la Seguridad Social y a la necesidad de que el Estado contribuya en mayor medida a los ingresos, asumiendo las prestaciones de paternidad y maternidad o la reducciones de las cuotas de cotización.
Antes de asistir a un acto organizado por el Instituto Cuatrecasas, Valerio también aprovechó para sembrar dudas sobre la viabilidad de modificar antes de las elecciones puntos claves de la reforma laboral del PP como la ultraactividad, la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa, nuevos límites para la subcontratación, así como la implantación del registro horario de jornada de carácter obligatorio. La responsable de Trabajo avisó de que el decreto ley era necesario “verlo en la mesa de diálogo social y acordarlo con un número suficiente de grupos parlamentarios para poder convalidarlo”.
Por lo pronto, la falta de entendimiento entre los actores del diálogo social y las dudas sobre los apoyos de partidos clave como PNV y PDECat retrasa la aprobación de estos puntos a un Consejo de Ministros posterior al de esta semana, el último antes de la disolución de las cámaras.
En la cuestión de la superioridad del convenio de sector, la responsable de Trabajo precisó que son partidarios de que impere “al menos en los aspectos económicos”. Este matiz da idea de los cambios que ha ido planteando en los últimos días el ministerio en busca de ampliar los apoyos, en la mesa del diálogo social y en el Congreso de los Diputados.
Fuentes cercanas a las negociaciones destacan además que, tanto en el caso de las modificaciones normativas en materia de pensiones como en las de carácter laboral, han pesado y pesan las divergencias dentro del mismo Ejecutivo. En concreto, hacen referencia a las reticencias del departamento de Nadia Calviño a que salgan adelante estos cambios, con la vista puesta en el escrutinio de Bruselas. Desde los propios sindicatos reconocían ayer que era muy difícil justificar ante la Comisión Europea el desmantelamiento de la reforma de pensiones sin aprobar en paralelo medidas para apuntalar los ingresos de la Seguridad Social.
Fuentes consultadas avisan también del riesgo al que se enfrenta el Gobierno si cepilla mucho su propuesta: como ya ocurrió hace unos días en el pacto de Toledo o con el decreto ley de alquileres, no hay garantías de que Podemos no recule y cambie el sentido de su voto, imprescindible para la convalidación, en el último momento.
La renuncia de la ministra de Trabajo sobre pensiones se produjo poco después de que se hiciera pública la cancelación de la reunión de representantes de su departamento con los sindicatos mayoritarios, CEOE y Cepyme, prevista para ayer.
Este paquete de complejas negociaciones se completa con un decreto ley sobre cobertura social –donde destaca la ampliación del subsidio para desempleados a los mayores de 52 años y la cotización de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes– y sobre igualdad laboral. La ministra de Trabajo aseguró ayer que esperan aprobar este viernes las medidas sobre transparencia salarial, planes de igualdad y permiso de paternidad.
Pese a ello, persiste la división entre los interlocutores sociales y los partidos parlamentarios cercanos al Gobierno insisten en que no disponen de un texto definitivo.
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