Sala de los pasos perdidos
Todo el debate sobre si en el Tribunal Supremo se juzgan políticos presos o presos políticos ha perdido sentido desde que empezó la vista, sobre todo con los testigos de esta semana. Oyendo a Mariano Rajoy, Sáenz de Santamaría e Íñigo Urkullu, parecía como si el juez Marchena fuera en realidad presidente de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Con la novedad de que los políticos, en teoría, están obligados a decir la verdad. No ha faltado el espectáculo de los diputados estrella que reciben el foco mediático, como Antonio Baños y Eulàlia Reguant, además del profesional de la cosa, Gabriel Rufián.
La política y, especialmente, su fracaso más rotundo, ha entrado y salido esta semana de la sala del Tribunal Supremo. Rajoy y Santamaría, cabezas visibles del gobierno de España, se han presentado como pulcros funcionarios que sólo podían respetar el escalafón y el reglamento ante una de las más graves crisis políticas que ha vivido el país. Y han practicado un deporte que dominan: cargarle el mochuelo a otro. En el caso de la desastrosa operación policial contra el 1-O, al entonces ministro Zoido que, a su vez, le ha echado el muerto al coronel Diego de los Cobos, que la dirigía. A ver a quien le toca la mancha negra la próxima semana.
Pero dónde este fracaso de la política ha quedado de manifiesto ha sido en la rotunda comparecencia del lehendakari Urkullu. Impresiona la precisión de su testimonio, justificada por la fotografía que publicó por la mañana, camino de Madrid, dónde se le ve estudiando un archivador con la bandera catalana. De desastre en desastre hasta el cataclismo final, el lehendakari ha ido precisando todas las desganas marianistas, las inquietudes y miedos catalanes y la fuerza de la calle y la palabra cobarde para terminar de estropear la situación. ¿Tenía algo que ver con los delitos que se imputan a los acusados? Nada de nada, pero Marchena no ha impedido que se hiciera una narración histórica del desbarajuste político, una forma de sumar a la causa la explicación de por qué un conflicto de estas características ha terminado en los tribunales y no en congresos y parlamentos.
No es cierto que fuera de Catalunya se mire el juicio con indiferencia. Una parte muy importante de ciudadanos lo ven con desagrado, aún y no comulgar con el independentismo. Oír hablar de murallas humanas, conos de tráfico que vuelan o tuits que se “lanzan”, para justificar el delito de rebelión, les produce la misma vergüenza ajena que ha llevado a la fiscal general del Estado esta semana a apoyar a los fiscales del Supremo. En sus salas se está representando en directo el fracaso y la mediocridad que los ciudadanos no merecemos.
Marchena ha permitido una explicación de por qué el conflicto acabó en un tribunal y no en el legislativo