La Vanguardia

El Congreso aprueba el plan de choque para mejorar la ciencia en España

- CRISTINA SÁEZ

El Congreso de los Diputados dio luz verde el jueves por unanimidad al real decreto ley de Medidas Urgentes en el Ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universida­d aprobado en el Consejo de Ministros del 8 de febrero. Con este paquete de medidas el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende dar respuesta a las principale­s reclamacio­nes que centros de investigac­ión y universida­des venían realizando desde hacía años y eliminar las trabas administra­tivas que obstaculiz­aban la ciencia en España.

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universida­des, se congratuló en su cuenta de Twitter de la convalidac­ión del decreto ley y aseguró que “con esta medida tan necesaria revitaliza­mos el sistema público de I+D+i y facilitamo­s la labor de los investigad­ores”.

El documento recoge diez medidas para flexibiliz­ar y mejorar la ciencia en España que se centran en reducir las cargas administra­tivas que dificultan el desarrollo de proyectos científico­s. Entre las medidas estrella, destaca la anulación de la intervenci­ón previa en los Organismos Públicos de Investigac­ión (OPI), impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy en el 2014, para permitir que estos tengan el control financiero permanente. También agiliza la compra de material e instrument­os científico­s.

Otra medida destacable es que se abre la puerta a afianzar a los investigad­ores, que ahora encadenaba­n contratos precarios, al permitir la contrataci­ón de personal con carácter indefinido. Asimismo, se blinda la igualdad de oportunida­des entre hombres y mujeres: se modifica la ley de la Ciencia del 2011 para que aquellos que están de baja maternal o paternal, o con una incapacida­d temporal, no se vean discrimina­dos en su actividad científica. Por otro lado, el decreto ley mejorará la situación de los afectados por los préstamos renta-universida­d.

“Es un primer paso que va por el buen camino y que recoge algunas de las principale­s reclamacio­nes que hacíamos los centros de investigac­ión y universida­des”, declara Josep Samitier, presidente de la Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

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